Torra retirará el lazo amarillo pero seguirá con el pulso con una pancarta alternativa

El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / Ep

Se escuda ahora en un informe del defensor del pueblo catalán que da la razón a la Junta Electoral y que ya conocía desde la semana pasada

CRISTIAN REINO Barcelona

Quim Torra amaga, pero todo apunta a que seguirá sin traspasar la línea roja. Había amenazado con desobedecer a la Junta Electoral Central, negándose a retirar los lazos amarillos como así le ordenó el organismo que vela por el arbitraje en los periodos electorales. Sin embargo, finalmente, Torra acabará acatando la orden, previsiblemente a lo largo de este jueves. Eso sí, ha necesitado días para madurar la decisión. Y podría sacarse de la manga el enésimo quiebro del independentismo para tratar de burlar la legalidad o las decisiones judiciales. A Mas le salió de la chistera un proceso consultivo para no llamarle referéndum, mientras que Quim Torra buscaba este miércoles al cierre de esta edición la fórmula de sustituir el lazo amarillo de la sede del Palau de la Generalitat por otra pancarta alternativa. Está por ver qué opina la Junta Electoral Central.

Quim Torra buscaba una excusa para retirar los lazos amarillos y la encontró en un informe del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán. Todo lo que pasa en el mundo independentista debe analizarse en clave de pugna entre unos sectores y otros del soberanismo. Nadie quiere aparecer como un blando. Torra no quería retirar los lazos, pero tampoco quería desobedecer, por lo que necesitaba un pretexto que le permitiera salvar la cara ante los suyos. Ese escudo consiste en decir que no obedecerá a la Junta Electoral, sino que lo hará a un organismo catalán. «No doy ni daré ninguna orden como me había exigido la Junta Electoral Central», apuntó en un comunicado. Pero, «seguiré las recomendaciones de Síndic, manteniendo un respeto pleno a la libertad de expresión», añadió.

El presidente de la Generalitat afirmó que no se esconde detrás del Síndic, aunque desde la oposición no le creyeron. Menos aún después de que el Síndic diera a conocer la cronología de los hechos. La consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, informó el martes que el Palau de la Generalitat había encargado un informe al Síndic y que, en función del mismo, Torra tomaría una decisión. Si el Defensor del Pueblo catalán le pedía que acatara la orden de la Junta Electoral, así actuaría. Pero el Defensor del Pueblo catalán dejó a Torra al descubierto cuando este miércoles confesó que el Palau de la Generalitat ya conocía desde el viernes pasado su opinión sobre los lazos, pues este organismo hizo llegar a la Presidencia de la Generalitat una dictamen, realizado de oficio. Desde el Govern respondieron el mismo viernes pidiendo aclaraciones. Torra sabía desde el minuto uno que tenía que acatar la orden de la Junta Elctoral y retirar los lazos.

Si no lo hizo es porque intentó pasar la patata caliente al Síndic. Al presidente de la Generalitat le pedía el cuerpo llegar hasta el final y forzar la inhabilitación. De momento, se reservará esa bala para desobediencias de más calado. En línea con sus antecesores: Mas con el 9-N y Puigdemont con el 1-O.

Torra tenía hasta las 18 horas del lunes como plazo para cumplir el ultimátum de la Junta Electoral, el segundo en una semana, pero decidió mantener los lazos y desoír al organismo de arbitraje de los periodos electorales. Eso sí, abrió la puerta a acatar la orden si así se lo aconsejaba el Síndic de Greuges. Este coincide con la Junta Electoral en que durante el periodo electoral, los edificios públicos tienen que mantener la «neutralidad política» y por tanto los poderes públicos «se han de abstener de colocar» simbología como lazos y 'estelades' en las fachadas de los edificios públicos de la administración catalana. «Fuera del periodo electoral, todo el mundo, también los edificios públicos, tienen libertad pero en periodo electoral, no», según Rafael Ribó.

La decisión del Síndic llegó un día antes de una nueva reunión de la Junta Electoral, en la que tiene que decidir los siguientes pasos. Podría instar a los Mossos a actuar, derivar el caso a la Fiscalía para que abra una causa penal contra el president o abrir un expediente administrativo y fijar una multa de 300 a 3.000 euros a Torra.

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