El Senado denuncia a una extrabajadora de Crespo Gomar por negarse a declarar

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. / EP
El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. / EP

El PP toma esta decisión después de que la empleada no aportase ninguna información en la comisión de investigación de la posible financiación irregular del PSPV

S. P. /EFE VALENCIA.

La Mesa del Senado acordó ayer denunciar ante la Fiscalía General del Estado a Lucía Pascual, compareciente convocada por el PP a la Comisión de Investigación de la financiación de los partidos de la cámara alta ante la que se negó a responder a las preguntas del portavoz del grupo popular respecto a la posible financiación irregular del PSPV a través de esta firma.

Lucía Pascual es una extrabajadora de la empresa valenciana Crespo Gomar y los populares la incluyeron en el orden de comparecencias centradas en la financiación de los socialistas que ha llevado a dirigentes como la exministra Beatriz Corredor, el exasesor José Manuel Orengo así como otras personas no vinculados directamente con el partido.

Con esta decisión, que responde a una petición cursada la semana pasada desde la propia comisión, el Senado pretende averiguar si la compareciente cometió «algún tipo de delito» al no contestar a las preguntas del senador del grupo popular Luis Aznar, según explicó el vicepresidente de la cámara alta, Pedro Sanz. Son varios ya los testimonios recabados sobre esta trama por el grupo popular, que indaga las finanzas de los demás partidos desde la comisión de investigación creada hace año y medio en el Senado, y en la que no participan los demás grupos de la cámara.

La denuncia se cursará mediante un escrito del presidente del Senado, Pío García-Escudero, a la titular de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, para que el Ministerio Público estudie el caso, bien en la propia Fiscalía General o dando traslado del asunto a la Fiscalía que corresponda.

La decisión de denunciar lo ocurrido el pasado 25 de octubre en la comisión se ha adoptado sin informe previo de los servicios jurídicos del Senado, como pidió en su momento el grupo socialista, pero según el grupo popular servirá para clarificar las obligaciones de los comparecientes citados por comisiones de investigación. Porque aunque sí está claro que la ley les obliga a acudir si son convocados, hay más dudas al interpretar la manera en que deben declarar salvo que estén incursos en un procedimiento judicial, cuando tienen reconocido expresamente el derecho a no contestar para no verse perjudicados. No es el caso de Lucía Pascual, que no está implicada en procedimiento judicial alguno, por lo que el PP entiende que la ley no ampara su silencio y ha optado por trasladar los hechos al fiscal.

El escrito enviado a la Fiscalía recoge el acuerdo aprobado el jueves pasado por la comisión, donde se recuerda que el deber de comparecencia regulado en la Ley Orgánica de 1984 sobre comparecencias ante comisiones parlamentarias de investigación está considerado como un «deber constitucional». También alude al precepto del Código Penal según el cual quienes no comparezcan podrán ser castigados por el delito de desobediencia, y al Reglamento del Senado, donde se recoge el estatuto de los comparecientes.

Se considera que la comparecencia de Lucía Pascual estaba «justificada» por unos correos electrónicos intercambiados entre ella y la exsecretaria de Organización del PSOE en Benidorm Anabel Hallado, a quien la comisión ya recabó testimonio. La comisión subraya que Lucía Pascual «decidió no colaborar» con este órgano y ante las diversas preguntas del portavoz del PP, Luis Aznar, incluidas algunas sobre «asuntos tan inocuos como la ciudad en la que reside», ella se limitó a decir: «No voy a contestarle». En suma, la comisión entendió que la «comparecencia para informar» a la que alude la Ley Orgánica y la «presencia para declarar» que recoge el Reglamento del Senado «no han sido sustanciadas», y por ello pidió a la Mesa comunicar lo ocurrido al Fiscal para la adopción «de las acciones oportunas».

La investigación sobre la posible financiación irregular del PSPV también será abordada durante los próximos meses en Les Corts, donde también se analizará al Bloc, el partido mayoritario de Compromís. Los diferentes partidos políticos ya han presentado sus propuestas de trabajo y en los próximos días arrancará la comisión de investigación.

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