Jorge Rodríguez y los otros cinco detenidos, en libertad con cargos

Jorge Rodríguez sale en libertad tras declarar ante el juez de la operación 'Alquería'./Jesús Signes
Jorge Rodríguez sale en libertad tras declarar ante el juez de la operación 'Alquería'. / Jesús Signes

Los arrestados, entre ellos el presidente de la corporación provincial, no tienen medidas cautelares pero siguen investigados por malversación y prevaricación

ALBERTO RALLOValencia

Tras más de 40 horas arrestados, el juez dejó ayer libres a los seis detenidos por la contratación irregular de altos directivos en la empresa pública Divalterra en la operación Alquería. Todos se acogieron a su derecho a guardar silencio ante el titular de Instrucción 9 de Valencia. Una medida habitual cuando la causa está bajo secreto ya que los investigados no conocen exactamente de qué se les acusa ni todos los detalles con los que cuenta la acusación pública. Los arrestados fueron saliendo de manera escalonada por las instalaciones del juzgado de guardia, el clásico paseíllo que todos los días recorren los delincuentes comunes.

La Fiscalía Anticorrupción no solicitó ningún tipo de medida cautelar. Lo único que reclamó es que los investigados dejaran un teléfono en el que se les pudiera localizar a cualquier hora. Así lo acordó el juez, aunque esto no es realmente una medida cautelar ya que la obligación de comparecer en el juzgado siempre que se les ordene es algo inherente a ser investigado. En definitiva, no concurren las condiciones que llevarían a la fiscalía a solicitar algún tipo de garantía -prisión o fianza- para asegurar que no eludirán la acción de la Justicia. Por ejemplo, en primer lugar, el tipo de malversación. Tal y como ha informado este periódico, los hechos encajarían más en la administración desleal, introducido en la reforma del delito de malversación de 2015. No es el tradicional desvío o sustracción de fondos -caso Cooperación- es el perjuicio para el patrimonio público que se produce con una gestión deficiente. La situación sería el gasto de unas cantidades para las que no se dispone de autorización. Ahí parece encajar la conducta de Jorge Rodríguez y el resto de detenidos -la práctica de clientelismo político, según los investigadores-. Todos los investigados participan, en mayor o menor medida, de un entramado que permitió que las contrataciones se llevaran a cabo.

Lo anterior, el método con el que se cometen las irregularidades, evitaría una reiteración delictiva porque parece evidente que no se va a volver a contratar a más personas por este cauce. Es más, existe la duda que los investigados vayan a seguir en sus puestos. No es tampoco el riesgo de fuga una circunstancia que parezca darse en ninguno de los investigados. Se trata de personas con pleno arraigo en la Comunitat. De igual modo, la acusación no aprecia el riesgo de destrucción de pruebas. Los agentes de la UDEF que desarrollaron la operación policial y practicaron las detenciones -al parecer fue una decisión policial y no judicial- requisaron todo el material relativo a los contratos en todos los despachos profesionales e incluso en la vivienda de algunos detenidos.

Xavier Simó, el primer detenido en salir de sede judicial.
Xavier Simó, el primer detenido en salir de sede judicial. / Jesús Signes

La investigación, según la documentación incautada en las actuaciones policiales, se concentra en las irregulares contrataciones de los directivos. De la etapa de Marcos Benavent, en la que sólo estaba él, se ha pasado a un equipo hinchado sin que se haya registrado un aumento del trabajo. Además, se da la circunstancia de que todos los contratados tenían afinidades políticas o con el PSPV o con Compromís. Y, por último, hace un mes aproximadamente se anunció que se iba a prescindir del resto de directivos. ¿Eran entonces necesarios? Los otros dos últimos responsables, contratados por la misma vía, apenas duraron treinta días. Uno de ellos ni siquiera aguantó 24 horas en el puesto.

Los investigadores sospechan que, en realidad, se trataba del enchufe de amigos en la empresa pública. Algunas fuentes judiciales sostienen que se trata de un asunto administrativo y no se debería seguir por la vía penal. El asunto, no obstante, ha generado un enorme coste económico a la sociedad. Cada una de las contrataciones bajo sospecha supone unos 80.000 euros al año para la empresa, según fuentes conocedoras de estas irregularidades.

Estos directivos llevan unos tres años en la sociedad pública. En total, la multiplicación depara unos dos millones de euros. Hay que contar con las indemnizaciones de esos contratos. Todos los de alta dirección la tienen. El importe de la malversación, por ejemplo, cobra más sentido si se compara con alguna de las piezas de la trama Gürtel. La sentencia del caso Fitur habla de 270.000 euros desviados. En la operación Alquería, la cifra es notablemente mayor.

Otra de las posibles derivadas que puede tener la investigación de la Fiscalía Anticorrupción es comprobar si algo de ese dinero llegó a los partidos que realizaban esas contrataciones. Parte del sueldo que recibían los directivos se podría haber destinado a la formación política porque ellos estaban allí en virtud de sus afinidades ideológicas. Supuestamente eran asesores de los partidos encubiertos, una práctica que ya se ha desarrollado en otras administraciones y con diferentes gobiernos.

La investigación parte de un exresponsable de la empresa que acudió a la Fiscalía Anticorrupción. Relató los hechos y se realizaron diferentes comprobaciones. El fiscal apreció indicios de delito y, de inmediato, trasladó el expediente al juez. De nuevo, Divalterra, la antigua Imelsa, se volvía a ver salpicada por un caso de corrupción.

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