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La Abogacía rechaza los ERTE en empresas de la Generalitat

La Abogacía rechaza los ERTE en empresas de la Generalitat

El presidente de la Comunitat defiende que las firmas del sector público se sometan a la misma regulación que las del privado

burguera

Domingo, 5 de abril 2020, 16:44

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El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reconoció ayer la imposibilidad de que el Consell aplique al sector instrumental autonómico, las empresas públicas valencianas, los ERTE que se están extendiendo masivamente entre las corporaciones de la Comunitat, y que afectan ya a más de 270.000 empleados del sector privado. Según señaló el jefe del Gobierno valenciano en una comparecencia tras participar en la videoconferencia entre presidentes autonómicos y Pedro Sánchez, la Abogacía de la Generalitat ha establecido que no sería legal que el Ejecutivo autonómico utilizase esta medida de regulación de empleos.

El propio Puig admitió esta semana que estaba barajando la posibilidad de estudiar aplicar un ERTE a alguna de las sociedades que integran el sector público, algo frente a lo que varios sindicatos mostraron su oposición. La vicepresidenta Oltra aseguró el viernes que la intención del Consell era preservar el empleo, si bien admitió que había entes, como la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) que en la actual situación de confinamiento tenían poco margen de actuación. Sin embargo, el posicionamiento en contra de la Abogacía corta en seco esta posibilidad.

Fuentes de la Generalitat señalaron ayer que el rechazo de esta opción obedece a «una consulta verbal de la Conselleria de Hacienda» al cuerpo de letrados, que han señalado que el Consell no puede aplicar los ERTE al sector público, lo que a su vez ha sido trasladado al jefe del Gobierno valenciano.

En las cerca de 60 sociedades que forman parte del sector público valenciano hay una plantilla que ronda las 7.000 personas, con entidades como Ferrocarrils (FGV) o Vaersa. El presupuesto de todo este entramado supera los 2.750 millones de euros, un 48% más que en los últimos años del Consell del PP, y el gasto en personal ronda los 700 millones de euros, un 47% más que en 2015.

Preguntado, ayer, durante su comparecencia, Puig, ante la posibilidad de que empresas públicas acometan un ERTE para reducir pérdidas, consideró que «todos los trabajadores deben ser tratados en igualdad». Seguidamente, añadió que hay empresas públicas, por ejemplo las relacionadas con el sector turístico, que ahora no tienen trabajo porque no hay actividad. Sin embargo, en estos momentos, según admitió, la legislación no permite que haya ERTE en empresas públicas. No obstante, Puig se mostró partidario de que estas mercantiles «tengan la misma consideración que cualquier empresa para abordar cualquier situación» defendiendo el papel de los trabajadores, «que no son en este momento los culpables, pero ni los trabajadores que están en empresas públicas ni en las privadas».

El pasado viernes, Intersindical Valenciana ya manifestó su «oposición más radical» ante la posibilidad de que se aprueben expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el sector público debido a «los flirteos declarativos de los últimos días y las inconsistencias argumentales del Consell» al respecto.

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