El PSPV se pliega a la intención de Oltra de revertir la gestión de las residenciasLa ley de medidas fiscales modifica 29 textos legales

Vicent Soler y Mónica Oltra, ayer en la comparecencia tras el pleno del Consell. / EFE
Vicent Soler y Mónica Oltra, ayer en la comparecencia tras el pleno del Consell. / EFE

El Consell posterga a la siguiente legislatura la puesta en marcha de la Agencia Tributaria Valenciana

B. F. VALENCIA.

El Consell aprobó ayer el anteproyecto de ley de acompañamiento, donde se incluye una medida social que había generado resistencia en el seno del Consell, especialmente entre los altos cargos del PSPV. Sin embargo, finalmente, el criterio de Oltra se ha impuesto y se incluye en la norma que se aprobará junto al presupuesto de la Generalitat para 2019 la reversión de la gestión de las residencias. La ley insta a revertir al ámbito público la gestión privada de estos centros de titularidad pública (la gran mayoría de los de la Comunitat) por considerar el Consell que la gestión indirecta no es conveniente en la atención de las personas mayores dependientes.

Igualmente, la iniciativa impulsada por Compromís (el departamento que lo propone es la Conselleria de Igualdad que dirige Oltra)- señala que la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS), «se subrogará en la condición de empleador que las empresas contratistas tengan», lo que supondrá asumir a las plantillas, que no pasarán a ser funcionarios inicialmente, pero sí podrán acreditar sus años de trabajo en esas residencias de gestión privada a la hora de, en un futuro, optar a la plaza.

Cerca de 3.000 personas podrían beneficiarse a medio y largo plazo de la medida, lo que generó la resistencia del PSPV. Por su parte, desde la patronal del sector, Aerte, ayer se difundió a través de las redes sociales un mensaje donde la asociación se reafirma en su «rechazo a las reversiones de centros de gestiones integrales», lo que también comunicaron en una reunión celebrada ayer mismo con Helena Ferrando, Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, «para tratar sobre el nuevo acuerdo marco residencial y otros temas de actualidad del sector». El rechazo de las empresas no ha servido para rebajar el contenido de la medida incorporada en la ley de acompañamiento.

Soler admite que las categorías de la plantilla es uno de los obstáculos de la nueva agencia

De lo que no hay rastro en esa norma de medidas fiscales es de la Agencia Tributaria Valenciana, un proyecto que se arrastra toda la legislatura y que está condenado a mantenerse en el aire.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, se resistió ayer a fijar plazos hasta que finalmente expresó su deseo y «confianza» en que al acabar la legislatura se logre tener listo el armazón legislativo para la agencia.

La entidad lleva anunciándose desde el arranque de la legislatura y que se incluyó entre los acuerdos del Botánico. La puesta en marcha real del organismo tributaria se pospone a una hipotética reproducción en 2019 de los resultados electorales que generaron el actual Consell en 2015.

Lucha contra el fraude

Soler aseguró ayer que antes de que finalice esta legislatura espera que se apruebe el decreto que consolidará el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), la futura Agencia Tributaria Valenciana. Según admitió el conseller, hay aspectos todavía por resolver, como la «ley de función pública», en relación con la condición de especificidad de los agentes tributarios, la «lucha contra el fraude» y «cómo hay que elevarlo a nivel normativo»

«Todo el relato que estamos haciendo pretende dotar (al instituto) de medios informáticos, personales y sobre todo de una estructura capaz de hacer frente a las actuales y futuras responsabilidades de la agencia. El decreto está muy avanzado y cuando hemos topado con problemas con Intervención, Abogacía de la Generalitat o en función pública, hemos tenido que parar para reconsiderar estos aspectos, porque el decreto está a punto de caramelo», señaló Soler, quien hasta dos veces se resistió a ofrecer un dato concreto sobre cuándo estará listo esa arquitectura legal, un plazo que situó al final de la legislatura, lo que supone que la agencia no trabajará como tal hasta que 2019 esté en sus últimos meses.

La ley de acompañamiento ampliará los beneficiarios de las indemnización en casos de violencia machista, rebajará un 8 % las tasas académicas y suprimirá barreras fiscales para acabar con la brecha digital en el interior de la Comunitat y los polígonos. Esos son sus principales focos de actuación, según la vicepresidenta Mónica Oltra y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, que presentaron una norma que modifica 29 textos legales que inciden en los presupuestos de 2019.

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