El PSOE sustituirá a una candidata investigada

EP

La dirección federal del PSOE sustituirá a la número 4 de la lista a las elecciones generales por Valencia, Isabel García, tras ser citada a declarar como investigada por presunta malversación y prevaricación en relación a una subvención de 60.000 euros que otorgó en 2016 como diputada de Deportes al equipo de motociclismo del expiloto Manuel 'Champi' Herreros.

Según fuentes del partido, García será sustituida en el número 4 de las listas socialistas a las elecciones del 28 de abril por Josefa Andrés, que fue diputada en Les Corts y europarlamentaria. El juzgado ha citado a declarar tanto a Isabel García como a un técnico y al expiloto de investigados para el próximo martes 9 de abril. Las imputaciones, que se produjeron en el pasado mes de febrero, llegan después de que el juzgado recibiera la documentación solicitada a la Diputación de Valencia.

Previamente, la Fiscalía Provincial había pedido que un juzgado investigara la posible existencia de prevaricación o malversación de caudales públicos en una subvención de 60.000 euros que la Diputación de Valencia otorgó en 2016 al equipo de motociclismo de 'Champi' Herreros. En este escrito, la entonces fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, solicitaba la incoación de diligencias previas por el juez de instrucción, porque la constitución e inscripción del club de motociclismo Champi Competición fue posterior al momento de la publicación de la convocatoria de la subvención y al día que finalizó el plazo para la presentación de solicitudes.

La Fiscalía abrió una investigación en agosto de 2018 después de que se remitiera un escrito por parte de la diputada de Ciudadanos en Les Corts María José García, donde informaba de que el club de 'Champi' no cumplía con los requisitos exigibles para recibir la ayuda, concedida el 25 de octubre de 2016, por lo que entendía que podía haberse producido un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.

A estas diligencias se unió otro escrito remitido a Fiscalía por el diputado provincial del PP Francisco Miguel Izquierdo, que sumaba también la posibilidad de que se hubiera dado un delito de tráfico de influencias. A raíz de los escritos de Ciudadanos y PP, el ministerio público solicitó documentación a la Diputación para esclarecer los hechos.