Vox presenta 200 preguntas al Gobierno sobre la situación de la provincia de Valencia

Ignacio Gil Lázaro. /LP
Ignacio Gil Lázaro. / LP

REDACCIÓN

valencia. Los diputados nacionales de Vox por Valencia Ignacio Gil Lázaro y Cristina Esteban presentaron ayer en el Registro del Congreso 200 preguntas escritas al Gobierno sobre diferentes cuestiones de interés para la provincia de Valencia. Los dos parlamentarios explicaron que se trata de «una completa auditoría al Gobierno en funciones sobre un conjunto de asuntos que son fundamentales para la provincia de Valencia».

Las diversas preguntas planteadas al Gobierno afectan al ámbito de la agricultura, las inversiones en infraestructuras, seguridad ciudadana, obras hidráulicas, política medioambiental, evolución de la economía valenciana, paro y valoración de las consecuencias que, para los diversos sectores productivos valencianos, va a acarrear el Brexit.

Gil Lázaro y Esteban señalaron también que Vox ha pretendido igualmente que el Gobierno se pronuncie sobre políticas y opiniones expresadas por el Consell. «Nos parece interesante conocer su valoración sobre la exclusión del castellano que está impulsando el conseller Marzá, sobre las subvenciones a entidades pancatalanistas o sobre el intento de espionaje lingüístico al alumnado y personal docente en escuelas públicas».

Los diputados valencianos de Vox también reclaman al Gobierno que haga una valoración sobre las últimas declaraciones del alcalde Ribó referidas a su oposición a la ampliación de los accesos por el norte al Puerto de Valencia mediante un túnel submarino o sobre sus descalificaciones respecto al futuro del transporte de mercancías mediante camiones.

Por otro lado, Vox en Les Corts ha propuesto la creación de una comisión de investigación sobre «las falsedades históricas y el adoctrinamiento en los libros de texto, debido a las instrucciones políticas a las editoriales». La propuesta del grupo llega después de que la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) denunciara que todas las comunidades autónomas presionan personalmente a los editores de libros de texto para modificar o incluir contenidos.