El PP prepara un recurso al TC contra la ley valenciana de mancomunidades

Isabel Bonig y César Sánchez, flanqueados por Eva Ortiz y Álvaro Nadal. / efe/víctor Lerena
Isabel Bonig y César Sánchez, flanqueados por Eva Ortiz y Álvaro Nadal. / efe/víctor Lerena

La iniciativa en la que trabaja Génova denuncia que se intenta «enmascarar» la división comarcal y se arrincona a las Diputaciones

JC. F. M. VALENCIA.

La dirección nacional del PP trabaja en la preparación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley valenciana de mancomunidades, aprobada por el Gobierno valenciano el pasado 16 de octubre. Los populares tratan así de paralizar en el Tribunal Constitucional una norma con la que el Ejecutivo que preside Ximo Puig pone en valor una división administrativa que va justo en la dirección contraria de la que defienden los populares y, a juicio del PP, de lo que recoge el espíritu de la Carta Magna.

La norma aprobada por el Gobierno valenciano tiene por objetivo «fomentar el desarrollo de las mancomunidades y de los municipios, configurando a estas como un eje básico en la prestación de servicios a los ciudadanos, mediante el desarrollo de una auténtica cultura asociativa como base para incrementar la eficiencia y eficacia de dicha prestación y como una referencia básica para las políticas de la Generalitat y el resto de administraciones de la Comunitat Valenciana».

La norma, que salió adelante en Les Corts con el voto en contra del PPCV y Cs, permite a los municipios «asociarse voluntariamente para constituir una mancomunidad con la que compartir la gestión de servicios locales algo que permitirá mejorar la eficiencia de los servicios públicos, aunar recursos, mejorar la capacidad de prestación de los recursos públicos y abaratar los costes de los mismos», explicó entonces el portavoz socialista Alfred Boix.

El recurso se presentará muy probablemente con la firma de cincuenta senadores del PP

Los populares no lo ven tan claro. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez y la líder regional del partido, Isabel Bonig, han sido los encargados de defender en Madrid ante la cúpula de su partido la presentación de un recurso ante el Constitucional. La iniciativa, que se presentará con la firma de 50 senadores, cimenta su justificación en dos apartados que, en definitiva, acaban teniendo un mismo origen: que la nueva norma vulnera el espíritu de la Constitución y del Estatuto al adelgazar competencias que corresponden a las corporaciones provinciales.

Por un lado, se explica, la norma aprobada por Les Corts sitúa en el ámbito de responsabilidad de las mancomunidades algunos programas de inversiones que incluso se convierten en prioritarios para las Diputaciones. Así figura, por ejemplo, en el apartado cuarto del artículo 50. «Las inversiones propuestas por las mancomunidades que supongan ejecución de obras y servicios en beneficio de varios municipios tendrán carácter prioritario en los planes provinciales de obras y servicios, así como dentro de los programas y planes de inversiones de los distintos departamentos de la Generalitat». La ley de bases de régimen local, por contra, deja en el ámbito de las instituciones provinciales algunas competencias que pertenecen a su ámbito exclusivo, como la asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, y que, según los populares, con la ley de mancomunidades dejaría de prestarse por las corporaciones provinciales.

Hay otro motivo susceptible de recurso. El PPCV recuerda que el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 65 que «una ley de Les Corts, en el marco de la legislación del Estado, que deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios, podrá determinar la división comarcal, después de ser consultadas las entidades locales afectadas». A juicio de los populares valenciano, la ley de mancomunidades aprobada el pasado octubre «enmascara» esta comarcalización, sólo que con una denominación que no obliga a una mayoría parlamentaria cualificada.

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