La policía vuelve a la Diputación a por correos de un lugarteniente de Rodríguez

Registro. Agentes de policía a las puertas de la Diputación de Valencia el pasado 27 de junio, cuando detuvieron a Rodríguez y otros cinco cargos. / lp
Registro. Agentes de policía a las puertas de la Diputación de Valencia el pasado 27 de junio, cuando detuvieron a Rodríguez y otros cinco cargos. / lp

La Udef se persona en la corporación provincial, en Divalterra y en el Ayuntamiento de Ontinyent para recopilar documentación

JC. F. M. FERRIOL MOYA VALENCIA.

Jorge Rodríguez revivió ayer, desde el Ayuntamiento de Ontinyent, algunas de las pesadillas que vivió hace casi seis meses, el 27 de junio pasado. Ese día, la policía le detuvo a él y a otros cinco miembros de la cúpula de la Diputación de Valencia, en el marco de la Operación Alquería, la investigación judicial por los presuntos delitos de prevaricación y malversación que puso el foco en los nombramientos de alta dirección en el seno de Divalterra, la empresa de la corporación provincial heredera de la vieja Imelsa. Agentes de la Udef se personaron de nuevo en las mismas instituciones en las que ya lo hicieron entonces -la corporación provincial, la empresa pública, y el Ayuntamiento de la capital de la Vall d'Albaida- tras autorizarlo el titular del juzgado de instrucción número 9 «para recabar información que complete la intervenida en las entradas y registros autorizados» en junio, según informó a media mañana el TSJ valenciano.

¿Qué información? Los agentes que se personaron en la Diputación de Valencia solicitaron acceso al ordenador de uno de los seis investigados: el que fuera letrado de presidencia de la corporación provincial y secretario del consejo de administración de Divalterra, Jorge Cuerda. Para ello, los agentes requirieron los funcionarios de la corporación provincial que les acompañaran para poder acceder a los correos electrónicos del que fuera uno de los más estrechos colaboradores de Rodríguez -además de autor del informe jurídico que sirvió de base legal para que el consejo aprobara los nombramientos ahora investigados-.

Las fuentes consultadas por este diario detallaron ayer que a los agentes se les explicó que el servidor en el que se guardan los correos electrónicos no está físicamente en la corporación provincial, sino en el complejo administrativo 9 d'Octubre, por lo que sería allí donde deberían dirigirse.

Lo ocurrido en la Diputación se repitió, con leves matices, en la sede de Divalterra, en la calle Avellanas, y en el Ayuntamiento de Ontinyent. Los agentes de la Udef acudieron a la empresa pública a resolver unas «dudas técnicas» -según las fuentes consultadas- referidas al acceso a parte de la información que la policía ya se llevó el pasado 27 de junio. Dos técnicos de Divalterra ya acudieron semanas atrás a colaborar con la policía en la desencriptación de parte del material. Y ayer los agentes acudieron a solicitar más ayuda. En el Ayuntamiento de Ontinyent ocurrió algo parecido, aunque la presencia de Jorge Rodríguez y las valoraciones que éste hizo de lo ocurrido generaron algo más de confusión. El anuncio del TSJ de que los agentes se habían personado «para recabar información que complete la intervenida en las entradas y registros autorizadas» en junio no le hizo ni pizca de gracia al alcalde de la capital de la Vall d'Albaida. El propio Rodríguez, investigado en este caso, quiso «corregir» al TSJ valenciano, remarcó que la policía acudió a «descargar los mismos correos que descargaron el 27 de junio porque tras la descarga parece que tuvieron algún tipo de problema que nos les permitía verlos bien». Rodríguez mostró su sorpresa porque el TSJ «airee» una serie de acciones judiciales que están bajo secreto de sumario, insistió en que los agentes llevaban una orden judicial en la que se especificaban los tres correos que querían descargarse nuevamente, y tras descargarlos se han ido, tras lo cual anunció que exigirá el derecho a rectificación.

La causa judicial que afecta a Rodríguez y a cinco de sus más estrechos colaboradores -el exjefe de gabinete Ricard Gallego, el asesor Manuel Reguart, los excogerentes de Divalterra Xavi Simó y Agus Brines, y el citado Cuerda- permanece bajo secreto de sumario. Los seis están investigados en la causa.

Tal y como ha venido explicando este diario, el origen de la investigación judicial arranca de sendas denuncias en las que se ponía de manifiesto la existencia de hasta una docena de informes jurídicos que alertaban de la irregularidad de los nombramientos que trataba de llevar a cabo Rodríguez. En la denuncia presentada por el representante de Cs en el consejo de Divalterra, Jorge Ochando, se llegó a cifrar incluso en más de dos millones de euros el perjuicio económico que se habría causado a la empresa de llevar a cabo los nombramientos.

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