La policía lingüística sólo tramita 23 quejas por discriminar el valenciano

Por tipo de solicitudes, de las 87 comunicaciones recibidas, 31 han sido reclamaciones (un 36%); 53, sugerencias (60,7%), y 3, consultas (un 3,4%). Según recoge el informe, sólo un 11,5% de las solicitudes se han presentado en castellano por un 88,5% en valenciano, lo que según el informe refleja la proporción de la lengua que se considera vulnerada y para la que se pide, «se adopten medidas de protección». Es decir, el valenciano. Sin embargo, de ese total, sólo 23 son reclamaciones, lo que deja una cifra de 2,2 al mes. De las quejas presentadas, un 25,8% de las personas consideran que se ha vulnerado su derecho a emplear el castellano, por el 74,2% que han sentido que se discriminaba su derecho a expresarse o ser atendidos en castellano. En cuanto a las sugerencias, que suponen la mayoría de casos en los que los ciudadanos se dirigen a la oficina, un total de 53 se han presentado para proponer mejoras en los derechos de los valencianoparlantes y ninguna para hacerlo por los que se expresan en castellano. La ODL también ha recibido dos consultas para conocer la aplicación de los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes y una de los valencianohablantes. Por temas, la mayoría (40,2%) estaban relacionadas con internet y redes sociales, hasta un total de 34; otras 22 con la rotulación y la toponimia (24,1%), 16 con escritos (18,4%), 12 con la atención oral (13,8%) y tres en otros ámbitos. Los principales motivos de las incidencias tenían que ver con el respeto a la toponimia, las notificaciones en una sola lengua o el etiquetado de productos. Entre las situaciones que repasa la oficina están la atención a personas valencianohablantes en las estaciones de Renfe de las ciudades de València y Xàtiva, la atención «deficiente» a una consumidora en una sucursal bancaria de València o la «reiterada actitud hostil» de una médica con varios pacientes, según recoge Europa Press.

Prácticamente, todas las solicitudes tramitadas en 2018 están finalizadas según explicó ayer el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, a excepción de una pendiente al Hospital del Vinalopó, en Elche, para que la rotulación esté disponible en valenciano. El centro, gestionado por una empresa privada en régimen de concesión, ha emitido una respuesta que la oficina «no considera satisfactoria». De las que afectaban a la Generalitat, 20 tenían como destinatarias a varias consellerias, una con la Agencia Valenciana d'Avaluació i Prospectiva -por pedir un currículum en castellano--y otra con el Consell Jurídic Consultiu (CJC)-por el idioma de la doctrina disponible en su web-. La mayoría, hasta un total de ocho, tenían que ver con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la atención oral de pacientes, la rotulación deficiente en valenciano o la dispensación de recetas solo en castellano.

Ante esta situación, la oficina subraya que «las personas se sienten, con independencia de la lengua hablada, especialmente vulnerables en la sanidad pública», algo que advierte que «se agrava en el caso de encontrarse con actitudes hostiles por parte del personal médico y de atención sanitaria en cuanto al uso de la lengua propia».En cuanto al resto, la de Educación sumó seis peticiones, la de Vivienda otras cuatro y tanto la de Agricultura como la de Justicia tuvieron una cada una.

Por parte de los ayuntamientos, tres consistorios valencianos recibieron reclamaciones en 2018. Uno de ellos, de «una gran ciudad» que la oficina no especifica, recibió una queja porque la información de actividades navideñas que proporcionaba la Oficina de Turismo solo estaba en castellano. Otro ciudadano se quejó de que en otra localidad no le facilitaron la prueba en valenciano en una bolsa de auxiliares administrativos. En cualquier caso, la gran mayoría de las incidencias a nivel local, hasta 29, estaban relacionadas con el contenido de las páginas web institucionales, sobre todo con los perfiles en Facebook y Twitter.