La policía judicial se lleva 9.000 expedientes del Ayuntamiento de Moncada

Orts asegura que todo ha transcurrido con normalidad, «han solicitado información y se la hemos entregado, tal y como estamos obligados por ley» y puntualiza que «esta es la primera vez en la que se nos pide». Mientras, desde el sindicato denunciante aseguran que «no tenemos ninguna notificación oficial» y siguen a la espera de que se pronuncie la Fiscalía, «respetando el trabajo de investigación que realizan los compañeros».

El grupo municipal de Ciudadanos ha solicitado explicaciones a la primera edil, al igual que al responsable de Seguridad Ciudadana, Martín Pérez. «No sabemos nada más de lo que nos han dicho pero parece extraño que se personen en el Ayuntamiento a recoger la información cuando normalmente se suele enviar», comenta su portavoz, Jesús Gimeno. En su momento, la formación naranja fue una de los que preguntó al equipo de Gobierno sobre la tramitación de las multas, tras las advertencias del sindicato policial.

En la denuncia interpuesta por el SPPLB y por la cual la Fiscalía Provincial de Valencia abrió una investigación penal, las sanciones de tráfico sin tramitar «podrían alcanzar un volumen de 300, al menos, entre junio y noviembre de 2018». No obstante, entre los documentos requeridos al Consistorio para la investigación la fecha se remonta hasta el año 2013.

Los denunciantes argumentaron que el Ayuntamiento «ha llegado a una dejación de funciones de tal magnitud que supone, en la práctica, una renuncia a sus competencias sancionadoras, vulnerando con ello no sólo el principio de sometimiento a la legalidad, sino también dando lugar a una situación de inseguridad jurídica y de desconfianza de los ciudadanos hacia el poder local».

En esta línea, hacían referencia a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que marca que el plazo de prescripción de las infracciones «será de tres meses paras las leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves». Los agentes recalcaban, además, que esta situación «dificulta la labor policial, pues los infractores reincidentes no reciben sanción alguna» y que, incluso, «algunos vecinos se reían cuando denunciábamos porque sabían que no se tramitaban las multas». Además, «supone un agravio comparativo entre la persona que abona la denuncia de manera voluntaria, frente a la que no lo hace».

En el pleno de diciembre de 2018, el Ejecutivo socialista, a raíz de las preguntas realizadas por Ciudadanos, aseguraba en boca de la alcaldesa, Amparo Orts, que «siempre ha habido instructor y secretario para las denuncias y que no era cierto que no se tramitaran».

No obstante, en mayo de 2019, según explicaron desde el sindicato «se contrató a un funcionario interino para tramitar las denuncias, pero éste abandonó el puesto al mes siguiente, para marcharse a otro ayuntamiento, sin apenas haber podido ordenar las denuncias pendientes de trámite e iniciar los expedientes sancionadores» y, además, añadieron e insistieron en que la potestad sancionadora «es irrenunciable y debe desempeñarse por la alcaldía o por quien esté delegado».