El plazo para el requisito lingüístico se amplía un año

E. P.

valencia. La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, prevé remitir la Ley de Función Pública a Les Corts en septiembre u octubre y ampliará un año el plazo para que esté aprobado el reglamento que debe fijar el grado de conocimiento del valenciano en cada categoría de la función pública. Bravo, que realizó estas declaraciones tras reunirse con el presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, se comprometió a que el reglamento que desarrolla la norma esté aprobado en un año porque tiene «mucho interés» como consellera y como valenciana en tener ese instrumento «para garantizar a los valencianos que pueden usar la lengua que deseen y que los funcionarios sean capaces de atenderlos en ella».

La Ley de Función Pública incorpora en su articulado la capacitación lingüística como un requisito para el acceso a la función pública y establece que los grados se determinarán en función del puesto de trabajo de una «manera proporcional a las exigencias en la línea que estos años ha marcado el Tribunal Constitucional». Bravo justificó el aumento a un año para la aprobación del reglamento frente a los seis meses inicialmente previstos porque en medio año era «prácticamente imposible» haber terminado todo los trámites ya que hay que dar audiencia pública de treinta días para que la ciudadanía pueda pronunciarse, luego dar traslado a las consellerias, debe informar la Abogacía de la Generalitat, pronunciarse la Intervención y debe consensuarse con los sindicatos. La AVL, por su parte, aseguró que no hará valoraciones hasta el trayecto final de la ley pero insiste en que el requisito lingüístico «es básico».