Piden una comisión rogatoria a Bruselas por los 200.000 euros que transfirió Alfonso Grau

La transferencia no ha pasado desapercibida para la fiscalía. El ministerio público ha solicitado a través del juzgado que investiga los hechos una comisión rogatoria, una petición de colaboración a las autoridades belgas para que aporten cualquier información sobre ese depósito. Por ejemplo, quién o quiénes eran titulares de esa cuenta del Fortis Bank, si tenía asociada tarjetas de crédito y si el dinero se movió y de qué forma a otras firmas o particulares. Este tipo de procedimientos suelen ser, por norma general, un proceso lento, aunque depende fundamentalmente del país receptor. La respuesta a esta colaboración podría aportar luz acerca del destino final del dinero.

Una de las tesis que se manejan es que las donaciones de grandes adjudicatarias del Ayuntamiento de Valencia -Sociedad Agricultores de la Vega (SAV), Secopsa, Lubasa o Nou Litoral, entre otras- canalizadas a través de la empresa Laterne -la organizadora de la campaña electoral del PP de 2007- pudieron terminar también en manos de particulares. Las donaciones de todos los empresarios son incluso superiores al coste que la UCO calcula que tuvo aquella campaña de Barberá, alrededor de dos millones de euros sólo en la ciudad de Valencia.

El último informe de la UCO ha apuntalado los indicios existentes contra Alfonso Grau por las elecciones de 2011. Los agentes le atribuyen todo el control sobre el entramado de recaudación ilegal de fondos desde al menos cinco años antes. Grau ya estaba imputado en esta pieza por las elecciones de 2011 cuando se contrató a la empresa Trasgos. La mecánica, aunque de mayor magnitud, se repetía unos años antes con la empresa Laterne. Por este periodo se encuentra también investigado el exconcejal Eduardo Santón, al frente de CEyD una fundación que nutrió de fondos a la organizadora de la campaña.

El juzgado de Instrucción 18 tiene esta semana otra cita importante. Los representantes legales de varias empresas que supuestamente donaron al PP están citados para declarar como testigos. Tienen la obligación de decir la verdad cuando sean preguntados acerca de estas cuestiones.

El pasado lunes fue el turno de la tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, también investigada en la causa. La dirigente nacional responsabilizó al grupo municipal de Valencia de sus cuentas y defendió que Génova no estaba obligada a fiscalizarlas.

Además, afirmó que le consta como autorizados en estas cuentas el expresidente del PP de Valencia Vicente Betoret y el exvicesecretario de organización provincial del PP Juan José Medina. Una vez más, desde la dirección general trataron de desvincularse de las argucias del PP local para saltarse el tope de gasto electoral.