Cs permite al Consell el cambio a favor de la empresa que fichó a Orengo

José Manuel Orengo, exdirigente del PSPV y directivo de Baleària. / IRENE MARSILLA
José Manuel Orengo, exdirigente del PSPV y directivo de Baleària. / IRENE MARSILLA

Podemos rebaja sus exigencias, acepta las modificaciones en À Punt y en la Ley de Puertos y renuncia a una tasa turística

BURGUERA VALENCIA.

Y finalmente Podemos claudicó. La comisión de Hacienda aprobó ayer las enmiendas a la Ley de Acompañamiento, la normativa de medidas que ve la luz junto a los presupuestos de la Generalitat para el año próximo. Para decepción de la oposición, especialmente del PP, los morados terminaron bajando los brazos y permitiendo al Consell sacar adelante varias modificaciones legales que permitirán, entre otras cosas, que los puertos sean administrados a través de corporaciones donde las navieras tengan una importante voz y voto. Podemos había expresado inicialmente su negativa a esa modificación de la Ley de Puertos. Hasta en el seno de Compromís se habían removido algunas conciencias. El PP puso el grito en el cielo por considerar que la iniciativa supone un traje a medida para que en Dénia se pueda entregar el puerto a Baleària justo cuando el exasesor de Presidencia José Manuel Orengo ha pasado a trabajar para esta empresa tan cercana a los socialistas. Todo parecía en contra de esta posibilidad, sin embargo, a través de una enmienda de Ciudadanos, el PSPV ha logrado recomponer la situación.

A finales del pasado mes de octubre, Orengo se incorporó a Baleària como director de expansión de la naviera. El exnúmero tres de los socialistas valencianos dejó el cargo como asesor el 25 de septiembre. Recibió la llamada de Adolf Utor, presidente de Baleària, que le ofreció el puesto. El alto ejecutivo es muy conocido en el PSPV, pues fue secretario general del partido en la Marina Alta en la década de los 90, vocal en la ejecutiva nacional y primer teniente de alcalde en Dénia, donde tiene un potente ascendente en la actividad política y económica. Posteriormente a la llegada de Orengo a Baleària, se conoció la intención del Consell de modificar la Ley de Puertos a través de la Ley de Acompañamiento. Podemos anunció su rechazo. Finalmente, ayer, se aprobó que el 40 % de las tasas que recaude cada puerto titularidad de la Generalitat revierta en sus instalaciones, que era la enmienda original de Ciudadanos, a la que el PSPV y Compromís votaron a favor porque se añadió que los consejos de gestión y administración de cada corporación portuaria tengan al menos un 51 % de representantes de la Generalitat (que los presidirá) y al menos un 9 % del Ayuntamiento donde estén, un 'blanqueo' de la idea inicial que, en cualquier caso, permitirá a las empresas privadas una mayor intervención en los puertos.

Los socialistas, sin disimulo

Los podemistas ceden en sus peticiones para poder blindar la Agencia Antifraude Compromís, con el apoyo de Cs y PP, logra que la AVI tenga como sede única la ciudad de Alicante

Los socialistas no quisieron disimular su satisfacción al comprobar cómo los podemistas rebajaron sus exigencias respecto a varios asuntos que parecía que iban a convertirse en piedras en los zapatos del Consell. Finalmente, Podemos no apretó el acelerador ni en el reparto del dinero para los sindicatos (Ley de Participación) ni en la tasa turística. A los dos partidos que integran el Ejecutivo autonómico (PSPV y Compromís) les costó cuadrar el círculo, pero lo lograron 'in extremis'. A las 10.30 horas de la mañana aún se estaban negociando cosas. La comisión se postergó hasta las 12.30, dos horas más tarde de lo previsto, y finalmente comenzó a las 13 horas.

Antifraude, blindada

La subsecretaria de Hacienda, Zulima Pérez, estuvo al pie del cañón para supervisar las operaciones. El 'quid pro quo' entre los miembros del Botánico propició que Podemos lograse blindar la Agencia Antifraude, su línea roja en las negociaciones. El organismo gana independencia respecto a Transparencia porque pasa a depender de Les Corts, y logra autonomía a la hora de organizar su estructura. La agencia fue una entidad impulsada por los podemistas, que han intercambiado cromos con nacionalistas y socialistas para, renunciando a varias de sus exigencias, dotar a Antifraude de independencia de cara a la próxima legislatura.

Los podemistas admitieron que su sensación tras las votaciones era «agridulce». Los morados, a cambio del blindaje de la Agencia, permitieron aprobar la moratoria para el límite del gasto en personal para À Punt, el cambio en la ley portuaria y renunciaron a incorporar una tasa turística. Además, el impuesto a las bebidas azucaradas también se quedó por el camino, una iniciativa que nació en el seno de Compromís. La coalición sí logró sacar adelante una enmienda que recibió el voto contrario del resto del Botánico. Fueron esas las escasas ocasiones en que ayer votaron distinto los partidos de la izquierda valenciana. Los nacionalistas lograron que la sede única de la Agencia Valenciana de la Innovación esté en Alicante gracias al apoyo a su enmienda de Ciudadanos y PP, a pesar del rechazo de Podemos y PSPV, en una muestra de los extraños compañeros de cama que hace la política.

 

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