Pedro Sánchez plasma su programa social en decretos leyes a tres días de disolver las Cámaras

Pedro Sánchez. / EP

La vicepresidenta Calvo argumenta que el Gobierno debe sacar al país de la «desesperanza» y que no entrará en funciones hasta el 28-A

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

Ni las críticas de la oposición ni las dificultades para ahormar una mayoría han hecho que el Gobierno reconsidere su decisión de seguir legislando hasta el último minuto antes de las elecciones, aun con el Congreso en funciones. Pedro Sánchez firmará el próximo lunes el decreto por el que quedarán disueltas las Cortes y convocados los comicios del 28 abril, pero este viernes el Consejo de Ministros dio vía libre a dos decretos leyes que abordan cuestiones especialmente sensibles para el electorado progresista y que afectan a la igualdad laboral y los problemas relacionados con la vivienda. Y la semana próxima, según avanzan en el Ejecutivo, habrá más.

La estrategia de Sánchez es polémica por dos motivos. De un lado, porque, según el artículo 86 de la Constitución, los decretos leyes están reservados para hacer frente a situaciones «de extraordinaria y urgente necesidad»; para todo lo demás, el Gobierno dispone de los proyectos de ley, cuya tramitación ordinaria es lógicamente más lenta. Por otro lado, porque el Congreso ya celebró este jueves el último pleno de la legislatura, lo que significa que tendrá que ser la Diputación Permanente, un órgano interino de sólo 55 miembros (frente a los 350 diputados elegidos en las urnas), quien se encargue de convalidarlos.

En el Ejecutivo aducen que no serán los primeros en aprobar decretos leyes una vez disueltas las Cortes, pero lo cierto es que se cuentan con los dedos de la mano las ocasiones en las que otros Gobiernos se han servido de esa vía para abordar cuestiones políticas una vez activado el calendario electoral. Y tampoco ninguna administración ha usado ese instumento con tanta fruición nunca. La de Sánchez ya lleva 29 decretos leyes (sin contar con los de ayer) en nueve meses, entre ellos, el que ordena exhumar a Franco del Valle de los Caídos.

Limitaciones legales

La vicepredenta, Carmen Calvo, argumentó, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno no entra en funciones hasta después de las elecciones e insistió en que, hasta ese momento, tiene intención de seguir gobernando «al mismo ritmo» con las únicas limitaciones que impone la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esa norma impide, por ejemplo, realizar actos de inauguración de obras públicas o hacer publicidad sobre los «logros obtenidos».

En el PSOE también esgrimen que si se ha optado por tanto decreto ley es porque el PP y Ciudadanos han llevado a cabo una oposición obstruccionista y han usado su mayoría en la Mesa del Congreso para impedir el normal funcionamiento del Parlamento. En total, enumeran hasta 50 proposiciones o proyectos de ley bloqueados con prácticas filibusteras, fundamentalmente, mediante ampliaciones de plazos de enmiendas. El pasado miércoles, el grupo parlamentario socialisa presentó, de hecho, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que se denuncian esas maniobras.

«Hemos estado desde el día uno demostrando que había que sacar al país de esa especie de desesperanza en la que la gente estaba atravesando una crisis y en la que la política apenas servía para resolver sus problemas», adujo este viernes Calvo. Ahora, el Gobierno necesita el apoyo de todos los grupos que respaldaron la moción de censura contra Mariano Rajoy para mantener ese discurso. No puede fallar ninguno, porque los números en la Diputación Permanente son más ajustados aún de lo que lo eran en el Pleno: 33 diputados frente a 32.

Los socialistas confían en que el calado social de algunas de las medidas aprobadas -la equiparación paulatina de los permisos de paternidad y maternidad o las cotizaciones para cuidadoras de dependientes- hagan imposible el 'no' de sus socios. El decreto sobre la vivienda, que recoge muchas de las reformas ya contemplas en el texto que en enero rechazó Podemos, tiene ya el visto bueno de la formación de Pablo Iglesias. El PNV, en cambio, se sigue haciendo el remolón en público, pero el PSOE ya dejó claro que sólo llevaría al Congreso aquello que sepa que va a salir adelante, lo que hace presumir que el acuerdo está más que atado.

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