Oltra avisa: será difícil que los empleados de Divalterra pasen a la Generalitat

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra. / efe/kai Försterling
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra. / efe/kai Försterling

La Diputación confirma que el martes se celebrará el pleno para nombrar presidente a Toni Gaspar en sustitución de Jorge Rodríguez

JC. FERRIOL MOYA

El futuro de los 700 trabajadores de Divalterra, la empresa heredera de la vieja Imelsa que la Diputación de Valencia pretende cerrar, eclipsó ayer el calendario para la elección del nuevo presidente de la corporación provincial. La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, advirtió de las dificultades legales y laborales existentes para que la plantilla de la empresa de la Diputación pasen a la Generalitat.

Oltra se refirió al anuncio realizado el lunes por el equipo de gobierno de la institución provincial de llevar a Divalterra a un «cierre ordenado». Un anuncio similar a los realizados en ocasiones anteriores por Jorge Rodríguez que, no obstante, nunca llegó a ejecutarlos. La líder de Compromís expresó su preocupación por lo trabajadores de esa empresa, reconoció que son «el elemento más vulnerable en este momento» y apostó por cuidarlos y mimarlos.

Pero dicho eso, y preguntada por la posibilidad de que sea la administración autonómica la que termine absorbiendo a esos trabajadores, la número dos del Gobierno valenciano evitó un compromiso claro. «Se tiene que ver» y «por eso se han pedido los informes técnicos», señaló. «Son cuestiones jurídica y laboralmente complejas porque estamos hablando de distintas categorías profesionales, distintas tablas retributivas que no cuadran las de la Diputación con la Generalitat», admitió. Oltra explicó que «se tiene que hacer un estudio en profundidad para ver las diferentes opciones y una vez se tengan claras técnicamente las diferentes opciones ya se decidirá políticamente».

María Josep Amigó resta trascendencia al anuncio del cierre: «Lo hemos hecho en otras ocasiones»

La posición de Oltra, unido a la indefinición de la hoja de ruta para llevar a cabo la disolución de la empresa provincial añade más incógnitas al anuncio de la corporación provincial. Tal y como detalló ayer este diario, el anuncio de cierre se produjo tras la exigencia de los representantes de EU y Valencia en Comú en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno provincial de que se anunciara la liquidación inmediata de Divalterra.

Pese a ello, la presidenta en funciones de la corporación provincial, María Josep Amigó, negó ayer que el anuncio del cierre de la empresa suponga una improvisación por parte del equipo de gobierno provincial. La también dirigente de Compromís aseguró que de esta medida se había hablado «muchísimas veces en el equipo de gobierno a lo largo de la legislatura», aunque las dificultades jurídicas y laborales habían acabado por abortarla. «El anuncio que hicimos ayer (por el lunes) no es diferente al que hemos ido haciendo a lo largo de esta legislatura. Hemos decidido el cierre ordenado pero es la misma decisión que tomamos al inicio de la legislatura. Teníamos que ir caminando hacia el vaciado de competencias de la Diputación y de la empresa pública manteniendo los derechos de los trabajadores», ha manifestado. Amigó comentó que en este proceso «se han precipitado los hechos por lo ocurrido» a partir de la operación 'Alquería'.

Por su parte, la portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, rechazó el cierre de la empresa y criticó que el equipo de gobierno de la institución plantee ahora su disolución después de «haberla llenado de altos directivos» y de «encomiendas de gestión». «No se cierran las empresas que tienen objetos loables. Lo que se debe hacer es quitar a los presuntos corruptos que hacen que esas empresas vayan mal», remachó. Desde Cs, Mamen Peris lamentó la «alarma» generada entre los trabajadores de esta empresa pública al hablar de su disolución sin tener un calendario concreto.

Por otro lado, la junta de portavoces de la Diputación celebrada ayer acordó el calendario para la elección de Toni Gaspar como nuevo presidente de la corporación provincial en sustitución de Jorge Rodríguez. Tal y como avanzó ayer este diario, la institución provincial celebrará mañana un primer pleno, que será el encargado de tramitar la renuncia de Rodríguez. A continuación, el martes día 17, la Diputación celebrará un nuevo pleno que elegirá a Gaspar como nuevo presidente de la institución provincial. Una semana después, el día 24, tendrá lugar un nuevo pleno, este de carácter ordinario, para aprobar los asuntos pendientes.

El pleno de mañana vendrá acompañado de una reunión del consejo de administración de Divalterra donde se cesará a los cogerentes y al secretario de esta empresa pública -los tres fueron detenidos en el transcurso de la Operación Alquería. El 24 de julio, junto al pleno de la Diputación, se celebrará la Junta General de Divalterra, cuyo Consejo de Administración será ya presidido por el nuevo presidente de la Diputación.

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