«Nunca nos llegó un informe contrario a esos contratos»

«Algunos y alguna aprovecharon el caso (Alquería) para intentar acabar con el proyecto político de Jorge Rodríguez, pero en Ontinyent les pararon los pies». Ricard Gallego, el jefe de gabinete de Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia, se pronunció ayer en estos términos ante los medios de comunicación tras prestar declaración ante el titular del juzgado de instrucción número 9 de Valencia, el que investiga los contratos de alta dirección en Divalterra -la empresa pública de la corporación provincial, heredera de la vieja Imelsa-.

Gallego, mano derecha del exdirigente socialista, se desvinculó tanto de los nombramientos en la cúpula de Imelsa tras las elecciones de 2015 como de los informes jurídicos -hasta una docena- que habrían advertido en los años posteriores de la irregularidad que suponía conceder contratos de alta dirección a personal que no iba a ejercer tales funciones.

Gallego, ante el juez, remarcó que él fue nombrado jefe de gabinete del presidente de la corporación provincial en febrero de 2016. Y para esa fecha, añadió, el hasta ese momento jefe de gabinete de Rodríguez, José Manuel Orengo, ya había pactado con Compromís -socio de gobierno de los socialistas en la institución provincial- la estructura de mando de la empresa provincial y los nombramientos ya se habían producido. Señalar a Orengo en la declaración no es casualidad, toda vez que la tesis que han venido sosteniendo tanto Rodríguez como su núcleo más cercano de colaboradores ha sido la de que el origen del caso, por el que se encuentran investigados por prevaricación y malversación, tenía un evidente origen político. Una teoría de la conspiración en la que, de alguna manera, habría caído la propia justicia.

Gallego, en realidad, había llegado unos meses antes a la corporación provincial. Eso sí, para ejercer de asesor del presidente de la Diputación. Es decir, en un puesto en el que no disponía del poder político que sí que tiene un jefe de gabinete. Aunque Gallego, ya entonces, ejercía de persona de máxima confianza del presidente de la Diputación.

Ante el juez, el número dos de Rodríguez remarcó que, además de encontrarse con los cargos de la vieja Imelsa ya nombrados, nunca tuvo conocimiento de que existieran informes jurídicos que alertaran de la irregularidad que suponían los contratos de alta dirección para personal que, en realidad, no disponía de esa calificación. A preguntas del juez -el fiscal no realizó preguntas-, Gallego aseguró que fue conocedor de esos informes a partir de las informaciones aparecidas en medios de comunicación, y en concreto en LAS PROVINCIAS. A partir de esos informes, relató, se dirigió a Xavier Simó, entonces cogerente de Divalterra, para preguntarle por ellos.

En su declaración, Gallego responsabilizó de este hecho al responsable de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, del que señaló que en ningún caso alertó de que los nombramientos que se habían realizado a finales de 2015 carecían de informe de legalidad. El jefe de gabinete de Rodríguez, por contra, explicó que fue a partir de conocer esa situación irregular cuando se ordenó a Jorge Cuerda, letrado del presidente de la Diputación, que hiciera un informe que aclarara las condiciones en las que se podía nombrar a esos altos directivos.

La elaboración de ese informe -que dio lugar a la contratación de Lucas Ferrando y Víctor Jiménez, aunque ambos acabaron renunciando- se produjo ya en un ambiente enrarecido del grupo socialista de la corporación, que exigió conocer el contenido de esos informes antes de pronunciarse. Pese a ello, Gallego insistió ayer en que su labor como jefe de gabinete de presidencia de la Diputación le impedía disponer de tiempo como para ocuparse de lo que ocurría en Divalterra.