Morera exige a los grupos las facturas de los gastos de la subvención de Les Corts

El presidente de Les Corts, Enric Morera. / jesús signes
El presidente de Les Corts, Enric Morera. / jesús signes

«Invito a los partidos a que publiquen a qué destinan las ayudas económicas que reciben de la Cámara», señala el presidente

HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA.

El presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, dio un paso adelante ayer para reclamar otra vez que la transparencia brille en la Cámara valenciana: «Invito a los grupos políticos que publiquen al detalle sus cuentas para saber a qué se destina la subvención que reciben cada año del Parlamento valenciano». Morera quiere que afloren las facturas en una legislatura en la que la transparencia ha sido uno de los grandes temas con el único lunar de las ayudas públicas recibidas por los partidos políticos con representación.

El modelo que defiende el presidente de Les Corts Valencianes tiene su germen en la Asamblea de la Región de Murcia, donde los grupos parlamentarios justifican con facturas hasta el último euro de subvención que reciben. En 2016, el Parlamento murciano puso en cuestión los gastos de Ciudadanos, aseguró que no tenían nada que ver con el funcionamiento del grupo y llevó el al Tribunal de Cuentas, que tras investigarlo lo archivó. La novedad es que la Cámara puede controlar las subvenciones millonarias de dinero público que entrega y en el caso de detectar alguna presunta irregularidad, elevarla a un órgano superior. Esto es lo que reclama la Sindicatura de Comptes en su último informe, una mayor tarea de fiscalización a la que los grupos no se quieren prestar por ahora. El Síndic de Greuges recordó que del dinero público se deben rendir las cuentas.

Cada vez son más los órganos que claman para que los grupos saquen del cajón las facturas. La Sindicatura de Comptes solicita informe tras informe mayor celo en el gasto de las subvenciones y la de Greuges ha llegado a insinuar que la ausencia de una fiscalización adecuada puede derivar en gastos al margen de la ley. Además, el Consell de Transparència tampoco puede intervenir en asuntos relacionados con las cuentas de los grupos parlamentarios ya que están blindadas por la ley autonómica y la estatal.

El dirigente anhela un Parlamento como el de Murcia, que sí fiscaliza lo que reciben los grupos

Las declaraciones de Enric Morera son una vuelta de tuerca más para que los grupos abran las compuertas de las ayudas millonarias que reciben. Durante esta legislatura, PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos se han repartido casi 14 millones de euros, de los que no hay una prueba documental en forma de factura que justifique a qué se ha destinado el dinero.

El pasado mes de febrero el presidente de la Cámara llegó a amenazar con no firmar el reparto anual de 3,5 millones de euros entre los grupos si no se fiscalizaban las cuentas. La Sindicatura de Comptes exigió que se aprobara una normativa para regular el gasto del dinero pero hasta el momento los grupos siguen sin mover ficha en la comisión de Gobierno Interior, el órgano que organiza el funcionamiento en Les Corts. Hasta el cuerpo de letrados de la Cámara autonómica ha pedido más transparencia a los grupos, que por ahora se mantienen firmes en su opacidad. A la única normativa que se deben es al artículo 28 del reglamento de la Cámara, que señala que los grupos recibirán una cantidad económica fija para cubrir su funcionamiento y que además deberán llevar una contabilidad de los gastos. Nada más.

El minimalismo contable choca directamente con leyes como la de las Cuentas Abiertas, con un intenso preámbulo para evitar la corrupción y el mal uso de los recursos públicos. Todas las instituciones, incluida Les Corts, deben tener sus cuentas bancarias accesibles para los ciudadanos. Esta exigencia contrasta con el hecho de que haya millones de euros de dinero público que reciben los partidos con representación que están a cubierto y lejos de los mínimos exigidos para la transparencia.

Las Diputaciones

La posición de los grupos de la Cámara regional choca con la postura que mantienen otras instituciones como la Diputación de Alicante y la de Valencia. La primera cuenta con un reglamento orgánico aprobado el 4 de abril de 2013, que articula de forma detallada a qué se pueden destinar las ayudas recibidas por los grupos políticos. Gastos de protocolo, actos públicos del grupo, de representación, inserciones en los medios y dietas entran dentro del capítulo de las actividades que se pueden pagar con los fondos.

La Diputación de Valencia, por su parte, también aprobó el 19 de diciembre de 2017 en Junta de Gobierno el uso de las ayudas a los grupos. El propio organismo realiza un informe de fiscalización para examinar el destino, la forma y la justificación del dinero recibido.

 

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