1,7 millones en contratos

La llegada de Jorge Rodríguez a la diputación. / juanjo monzó
La llegada de Jorge Rodríguez a la diputación. / juanjo monzó

El coste de cada directivo bajo sospecha se sitúa en 80.000 euros | La denuncia de Ciudadanos también recogía el posible desvío de dinero a los partidos políticos

A. RALLO

El asunto capital que ha impulsado la actuación de la Fiscalía Anticorrupción es la contratación de altos directivos en Divalterra pese a la negativa de al menos una docena de informes jurídicos. El PSPV quiso lanzar este miércoles un mensaje de tranquilidad -el sentir del partido viró por la noche y finalmente fulminaron al presidente de la Diputación- al difundir la idea de que este asunto no parecía un asunto de corrupción.

Resulta evidente que no se trata del método que ha imperado en otros asuntos de saqueo de las arcas públicas que han salpicado al PP, pero tampoco se puede olvidar que la malversación es el elemento nuclear de este tipo de tramas. Y en esta está presente. Esa especie de clientelismo político, el enchufe de amigos en la empresa pública, podría parecer un asunto administrativo, pero no lo es. Se comprende mejor con algunas cifras. El coste para la sociedad de cada una de las contrataciones bajo sospecha es de unos 80.000 euros al año para la empresa, según estimaciones de personas conocedoras de estas irregularidades.

Estos directivos llevan unos tres años en la sociedad pública. En total, la multiplicación depara unos dos millones de euros. Hay que contar con las indemnizaciones de esos contratos. Todos los de alta dirección la tienen. Al margen de esos siete, Divalterra todavía quiso ampliar su plantilla 'Vip' con otras dos incorporaciones. Lo consiguió. Sin embargo, uno de ellos dimitió a las 24 horas y el otro no duró ni un mes en su puesto, tras las informaciones de LAS PROVINCIAS en las que se alertaba de las graves irregularidades.

El 80% de los contratos realizados en la empresa pública en 2016 fueron adjudicados a dedo

El importe de la malversación, por ejemplo, cobra más sentido si se compara con alguna de las piezas de la trama Gürtel. La sentencia del caso Fitur habla de 270.000 euros desviados. En la operación Alquería, la cifra es notablemente mayor.

La investigación parte de un exresponsable de la empresa que acudió a la Fiscalía Anticorrupción. Relató los hechos y se realizaron diferentes comprobaciones. El fiscal apreció indicios de delito y, de inmediato, trasladó el expediente al juez.

¿Existen otras vías abiertas para explorar la actuación de los responsables? Fuentes policiales aseguraban ayer que también se van a rastrear determinadas adjudicaciones que se han hecho en la Diputación de Valencia y en Divalterra. El futuro de estas pesquisas dependerá en buena medida de los registros policiales.

¿Llegó dinero a los partidos que realizaban esas contrataciones conocedores de la ilegalidad? Es otra de las posibles derivadas que puede tener la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Parte del sueldo que recibían los directivos se podría haber destinado a la formación política porque los directivos estaban allí en virtud de sus afinidades ideológicas. Se trataba de asesores encubiertos de los grupos pero, sin embargo, el sueldo salía de los fondos públicos. Una práctica que no es nueva en la Administración. Se da además la circunstancia de que uno de los altos directivos contratados en el mes de noviembre de 2015 es el Director de Administración General, el cual se solapa con el Director de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia, duplicándose el gasto y reafirmando lo innecesario de su contratación.

Nuevos órganos

Una vez estas pesquisas cogieron cuerpo, diferentes partidos políticos, en concreto el Partido Popular y Ciudadanos, presentaron denuncias. En una de ellas se alude al posible desvío de dinero incluso para los partidos políticos. Estos escritos se han incorporado a las diligencias que ya estaban abiertas por lo que el contenido podría formar parte de las averiguaciones judiciales. De igual modo se alertaba en su día de la creación del consejo de dirección, un órgano que restaba poder al consejo de administración.

Los informes de auditoría sobre la gestión de Divalterra, por otra parte, han revelado que ocho de cada diez contrataciones realizadas desde esta firma en 2016 se hicieron bajo el formato de contrato menor. El documento al que en su día tuvo acceso LAS PROVINCIAS recomendó a la empresa provincial reducir el recurso a esta forma de contratación, en beneficio de otras que aseguren un mayor nivel de publicidad y concurrencia. El dosier detalla los expedientes clasificados a lo largo de este ejercicio por procedimiento de contratación. Por número de expedientes, los contratos menores encabezan la lista con un 79%. Exactamente 267 de los 339 expedientes de contratación se siguieron bajo este procedimiento, conocido como a dedo porque es la administración la que elige directamente a la empresa que se encarga de prestar este servicio. La Ley de Contratos del Sector Público fijan en 18.000 euros el límite para que un contrato pueda considerarse menor y adjudicarse directamente a cualquier empresario.