El juez que investiga a una asesora de Dalmau pide revisar gastos del convenio universitario

María Oliver, durante la campaña electoral. / irene marsilla
María Oliver, durante la campaña electoral. / irene marsilla

Un profesor de Sociología se compró una tablet, una mesa y pagó dietas de un viaje a París con el dinero público para analizar el mapa escolar de Valencia

A. Rallo
A. RALLOValencia

La investigación judicial del convenio que el Ayuntamiento de Valencia firmó con la Universitat para el estudio del mapa escolar de la ciudad pone en cuestión el uso de los fondos públicos. Las diligencias mantienen como investigada a la excandidata de Podemos al Ayuntamiento María Oliver y al ex alto cargo de la formación morada y responsable del estudio universitario, José Manuel Rodríguez.

Esta circunstancia no ha sido impedimento para que la exedil haya sido repescada por el vicepresidente del Consell, Rubén Dalmau, como asesora en asuntos de vivienda. Sin embargo, las pesquisas judiciales avanzan y siguen incorporando más indicios de criminalidad al balance de los dos investigados. De hecho, la Fiscalía, en un reciente escrito, ya pidió la incoación del auto de procedimiento abreviado, lo que equivale al procesamiento, porque al menos en ese momento disponía de los indicios suficientes para elaborar un escrito de acusación. Posteriormente solicitó una prórroga después de que la acusación popular, que ejerce el PP, solicitará nuevas diligencias.

El juez ha aceptado esta nueva petición de prueba y ha enviado un oficio al Ayuntamiento para que informe al juzgado qué gastos de los que cargó el profesor a la cuenta del convenio no podrían ser subvencionados, según el acuerdo que firmaron ambas instituciones.

La fiscalía ya vio indicios para procesar a Oliver, actual cargo de confianza del vicepresidente

Tal y como publicó LAS PROVINCIAS, el extracto de la cuenta de la Universitat muestra cargos cuya idoneidad para el proyecto del mapa escolar pueden ser cuestionados. Por ejemplo, la compra de un ordenador y un iPad. El primero por un importe de 392 euros y el segundo, por 481 euros. También llama la atención la adquisición de dos cámaras de fotos para el desarrollo de este trabajo universitario. Una, de prestaciones más modestas (274 euros) frente a los mil euros que gastó en otro aparato. Incluso se contrató un seguro (otros 100 euros) para este dispositivo, que también se costea con los fondos transferidos desde el Ayuntamiento.

Pese al ordenador y el iPad, el docente consideró necesario la compra de tres discos duros con una inversión de casi 400 euros. El desembolso se completó con la adquisición de una mesa (se desconoce para qué) y las dietas de un viaje a París para unas jornadas sobre la Europa insumisa. La temática difícilmente puede estar más desligada de la elaboración de un mapa escolar.

El juez quiere tener claro qué desembolsos no encuentran amparo en el convenio. Al margen de los cargos anteriores, existen también abonos de conferencias a docentes que participan en seminarios de la Universitat.

El profesor de Sociología ahora investigado admitió en su declaración judicial que determinados profesores pasaban el resumen de unas horas trabajadas pero que, en realidad, no las cobraban. Ese dinero se utilizaba para otras cuestiones del departamento. De igual modo, el instructor pretende averiguar si el Ayuntamiento ha emprendido algún procedimiento de reintegro sobre estas cantidades bajo sospecha.

El trámite anterior pudo haber empezado con el mandato de Oliver. LAS PROVINCIAS contactó hace meses con el responsable de prensa de la concejalía que no ofreció ningún dato al respecto. Las llamadas a la exedil tampoco fueron atendidas. Quizá el procedimiento haya comenzado ahora, tras la salida de la responsable de Podemos -y de toda la formación- del Ayuntamiento, y una vez que estas competencias han caído en manos de la socialista Maite Ibáñez.

El juzgado pregunta si el Consistorio ha iniciado un procedimiento para reclamar el dinero

No fue la única irregularidad detectada a lo largo de la instrucción. El responsable de una empresa a la que se contrató para realizar un trabajo de campo admitió que el profesor le llamó por teléfono -se conocen desde hace 20 años por otros cometidos profesionales- para realizarle un encargo. El importe del servicio rondaba los 4.000 euros. Al parecer, no hubo soporte documental de esa contratación. Esta adjudicación telefónica se fue concretando después por «correo electrónico» en el que se especificaba «el contenido del trabajo solicitado por Rodríguez Victoriano».

La Universitat también sigue muy de cerca el procedimiento judicial a la espera de resoluciones que le permitan actuar. La institución académica es conocedora de la situación judicial del docente, según señalaron en su día fuentes del Rectorado. De igual modo, añadieron que están a la espera del resultado del proceso judicial para ver si es necesario activar la vía administrativa. La reciente prórroga de la instrucción demorará el desenlace de este asunto.