Llarena recuerda el carácter vinculante del Tribunal de Derechos Humanos

Llarena, en el centro, ayer en el Colegio de Abogados. / irene marsilla
Llarena, en el centro, ayer en el Colegio de Abogados. / irene marsilla

El magistrado del Supremo advierte de las dificultades para aplicar las sentencias del órgano judicial europeo

J. S.

valencia. Pablo Llarena recordó ayer que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tienen carácter vinculante para los Estados. El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo impartió ayer una conferencia invitado por la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Ante una nutrida asistencia, el juez, instructor del proceso por la declaración de independencia de Cataluña, advirtió, además, de las dificultades que encuentran los diferentes países para aplicar estar resoluciones.

Lo habitual es que los Estados apliquen las decisiones del tribunal de derechos. En el caso de que no lo hiciera ese país podría ser expulsado, una circunstancia que no se ha producido hasta el momento. Pero no es sencillo y las diferentes naciones han tenido que arbitrar medidas y adaptar las legislaciones para resolver las dificultades que se presentan a la hora de llevar a la práctica las resoluciones del alto tribunal.

Para el magistrado, una de las claves de la dificultad de estas sentencias se encuentra en el hecho de que el tribunal europeo obliga a una restitución íntegra del derecho vulnerado un ciudadano. Consideró por ello que los diferentes Estados tienen que arbitrar soluciones que permitan adecuar las sentencias al marco normativo de cada país.

Llarena recordó que el tribunal europeo no es el órgano ejecutor de sus resoluciones, aunque matizó que en algunos casos sí que se ha atribuido la facultad de obligar a un Estado a aplicar las sentencias. Son los procedimientos definidos como piloto (aquellos en los que un ciudadano se persona por considerar que se ha violado uno de sus derechos, pero el caso se puede repetir con otros) en los que el órgano judicial ha decidido atribuirse este poder. En esta situación puede llega a instar a los Estados a cambiar una ley para evitar esta vulneración de los derechos.

El magistrado recordó la modificación legislativa instada por el Estado español en 2015 por la que se permitió a los tribunales de las diferentes jurisdicciones aplicar el derecho de revisión de las sentencias firmes. Tan sólo falta que se aplique a las resoluciones emanadas por el Tribunal Constitución. Este cambio vino motivado para poder cumplir las decisiones del TEDH.

Pablo Llarena también se refirió a otras dificultades que se encuentran los Estados. Señaló los casos en los que es necesario modificar una determinada legislación y para ello es preciso que el ejecutivo y el legislativo tengan la misma voluntad. En este sentido, expuso el caso del Parlamento Británico en el que existe una comisión de diputados que se dedican a estudiar los cambios legales derivados de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.