Qué es la Ley Zerolo, la propuesta del PSOE contra la discriminación de minorías y grupos vulnerables

La ley recibe el nombre de Pedro Zerolo, responsable de la Secretaría de Movimientos Sociales del PSOE y activista por los derechos LGTBI, además de uno de los primeros hombres en contraer matrimonio con otro hombre en España.

La posible nueva ley busca «prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas». «No pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen», advierte.

En sus artículos se prohíbe la discriminación directa (denegación) e indirecta (una norma aparentemente neutra que genera desventaja); la discriminación por error (mala apreciación de funcionarios) y la discriminación múltiple (cuando atañe a dos o más causas).

La propuesta de ley socialista propone medidas «positivas», «razonables y proporcionadas» para eliminar o compensar formas de discriminación o desventajas para los individuos y grupos a proteger, e influiría en aspectos del empleo, la educación o la sanidad.

En el sector eductivo, por ejemplo, se habla de «supresión de estereotipos» y el profesorado tendrá que recibir una «formación específica en materia de atención educativa a la diversidad y a la igualdad de trato y no discriminación», entre otras medidas.

La 'ley Zerolo' sancionará el acoso (entorno o actitud hostil, degradante, ofensiva); la inducción a discriminar, y la toma de represalias contra quien intente impedir o cesar una situación discriminatoria.

Saltarse la ley conllevará sanciones desde «responsabilidades administrativas» hasta «penales y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse», con una carga de prueba que beneficia al demandante.

Las multas van desde los 300 euros por las infracciones leves hasta 500.000 euros por las más graves, como «actos u omisiones que constituyan discriminación múltiple», «conductas de acoso» o una «presión grave ejercida» sobre la autoridad o un empleado público. Se harán modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y hay un claro mandato al Poder Judicial para perseguir y visibilizar estos «delitos de odio».