El legado que deja el fiscal Torres

Vicente Torres, el nuevo magistrado del TSJ. / I. M.
Vicente Torres, el nuevo magistrado del TSJ. / I. M.

El nuevo magistrado del TSJ era el responsable de varios casos que afectan al PP | Los cambios en el organigrama judicial provocarán que estas causas sean asumidas por su sustituto o se repartan entre los miembros del ministerio público

S. P.

La inesperada elección de Vicente Torres, hasta ahora fiscal Anticorrupción, como magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) deja en el aire muchas de las mediáticas causas que afectan a exdirigentes del PP hasta que se les asigne un nuevo responsable. Torres deja atrás casos de gran importancia de una carrera que arrancó en Anticorrupción en 2014 y que, como la de cualquier cargo de estas características, ha tenido sus más y sus menos.

El fiscal se dio a conocer en la primera pieza del caso Cooperación, en la que logró una condena de seis años de prisión para el exconseller Rafael Blasco al probarse el desvío de fondos destinados al tercer mundo. Esta fue la primera condena por corrupción durante la época del PP y lanzó su carrera. Sus éxitos continuaron con otras causas como la relativa a los contratos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) o el caso Montroy. Aunque en estos dos casos las penas que fueron impuestas eran mucho menores a las que se solicitaron por parte del ministerio público.

Pero no todo han sido éxitos en su carrera y es que a Torres también se le han atragantado casos como el del aparcamiento de los jardines de Monforte. Una investigación, anterior a su incorporación a Anticorrupción, que llevó a imputar al exconcejal Jorge Bellver, al que le reclamó ocho años y medio de inhabilitación y luego fue absuelto. También se han archivado causas como una parte de Valmor.

De entre las causas pendientes destacan tres que estaban a las puertas del juicio ya que había terminado la fase de instrucción. La más mediática es la relativa a las piezas dos y tres del caso Cooperación, que en este caso se centran en un presunto desvío de dinero destinado a ONGs y a un hospital de Haiti. Las otras dos causas que estaban a las puertas de juicio son la acusación contra Alfonso Grau por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento de Valencia y el desfalco en el Palau de les Arts. El juicio, aunque estaba previsto que arrancara en enero, fue aplazado un año por el estado de salud de la exintendente Helga Schmidt, que no compareció, y la renuncia de su letrado.

La lista de asuntos que deja abiertos, al estar en fase de instrucción, con su traslado al TSJ es todavía más amplia. A sus espaldas figuran las diligencias por el escándalo del IVAM, las irregularidades de la antigua RTVV que se investiga en los juzgados de Paterna (hoy muy desinflado, al borde del archivo) o la detención del exdelegado del Gobierno Serafín Castellano por el denominado 'cártel del fuego'. Pero ninguno de estos asuntos tiene la relevancia de la F-1 en Valencia. Dos procedimientos en los que se investiga a la cúpula de la Generalitat durante la etapa del PP. Todas estas causas podrán ser asumidas por su sustituto o repartidas entre los actuales miembros del ministerio público.