Un juzgado investiga si el diputado Bort pudo malversar al mantener a cuatro oficiales

JC. F. M.

valencia. El juzgado de instrucción número 13 de Valencia ha dictado un auto por el que incoa diligencias previas en relación con la querella presentada por el Sindicat Valencià Republicà contra el presidente del consorcio provincial de Bomberos, y diputado de Medio Ambiente, Josep Bort, y otros tres funcionarios de carrera por los supuestos delitos de prevaricación, malversación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.

El motivo de la querella tiene su origen en 2013, en la convocatoria del nombramiento provisional de cuatro vacantes de la Escala de Inspección, Categóría de Oficiales, del consorcio de bomberos, a la que se sumó la creación de una bolsa para sucesivas vacantes. El acuerdo, obviamente, se adoptó con el PP al frente de la corporación provincial, y con el diputado Francisco Tarazona al frente de Bomberos. Pero llega hasta la actual legislatura, ya con Bort al frente del consorcio, como consecuencia de un recurso de reposición presentado por uno de los participantes en el concurso y que acabó derivando en una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En febrero de 2017, antes de que se dictara sentencia, el consorcio decidió estimarlo de forma parcial y dejar sin efecto la bolsa de trabajo creada cuatro años antes, iniciando los trámites para la constitución de una nueva bolsa. Un año después, se asegura en el escrito de querella, «no sólo no se ha constituido la nueva bolsa sino que los puestos que se ocuparon provisionalmente con los cuatro seleccionados del concurso, siguen ocupados por ellos».

Esta circunstancia aparece ratificada en el acta de la reunión de la mesa negociadora del consorcio, donde figura que CC OO constata que el Consorcio mantiene unos «nombramientos de un proceso irregular» y que la dirección responde que existe «un acuerdo prejudicial y el decreto lo que dice es que deja sin efectos la bolsa» y que los nombramientos no se anulan.

El auto del juez solicita entre otros aspectos los expedientes administrativos de los decretos que dieron lugar primero a la creación de la bolsa, así como al que la dejó sin efecto cuatro años después.

 

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