Un juzgado investiga los contratos de Burjassot con una asesoría jurídica

El concejal de Burjassot y diputado provincial, José Ruiz, en un pleno. / irene marsilla
El concejal de Burjassot y diputado provincial, José Ruiz, en un pleno. / irene marsilla

La denuncia presentada por el grupo popular vincula societariamente al concejal José Ruiz y a la propietaria de la firma, algo que los afectados niegan

HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA.

El juzgado de instrucción número 5 de Paterna ha abierto diligencias previas para investigar los pagos por parte del Ayuntamiento de Burjassot a la mercantil Borja y Grau Asociados. Unas pesquisas que se han iniciado tras la denuncia por presunta prevaricación presentada el pasado 10 de abril por los concejales del grupo popular del municipio.

Desde hace años el Ayuntamiento de Burjassot y el Instituto Municipal de Cultura y Juventud han contratado con esta mercantil para cuestiones de asesoría fiscal. Los denunciantes aseguran en el escrito que «nunca ha existido contrato que vincule a dicha mercantil con las entidades públicas, sino que simplemente se emiten facturas cuyo pago se ordena, a pesar de las advertencias reiteradas -con ocasión de cada pago- que realiza la intervención municipal». Los pagos, según consta en la denuncia, oscilan entre los 800 y los 3.700 euros al mes. En 2018, la cifra ascendió a 8.841,70 euros. El grupo popular argumenta que el pago a la asesoría es un fraccionamiento de contrato y que prueba de ello es que finalmente se ha tenido que abrir un proceso público de contratación. Los regidores del PP aseguran que en ese proceso de licitación esta firma ha quedado en última posición.

En la denuncia, los populares establecen una vinculación entre la responsable de la asesoría y José Ruiz, actual concejal del grupo socialista en el Consistorio y diputado provincial de Personal. En el escrito también se incluye a Pepa Andrés, esposa de Pepe Ruiz y próxima diputada del Congreso. Una relación que el diputado provincial niega tajantemente.

La fiscalía archivó la denuncia y Ruiz apunta: «Nunca he sido socio de la propietaria de la asesoría»

La vinculación que establece el PP, que incluso apunta que el matrimonio Ruiz-Andrés es socio de Borja, se establece a través de la sociedad Ziserjul78 S. L. La empresa la constituye el 22 de enero de 2010 la abogada para la promoción y rehabilitación inmobiliaria. Un mes después, el 24 de febrero, se amplía el objeto social para convertirse también en asesoría y consultoría, dimite como administradora única la fundadora y se nombra a José Ruiz, que compra la sociedad junto a su esposa, Josefa Andrés. El concejal del Ayuntamiento de Burjassot y diputado provincial deja el cargo en la sociedad el 5 de mayo de 2010 y se nombra a una nueva administradora y a un apoderado.

Contestación

«Nunca he sido socio de la responsable de Borja y Grau. Soy cliente de su despacho y le compré una sociedad pero en ningún caso hemos participado de una firma de manera conjunta», explica José Ruiz, que entiende que todo forma parte de una maniobra del PP. El concejal reconoce que la mercantil Ziserjul78 S. L. es de su propiedad pero que lleva tres años inactiva. La misma versión mantiene la propietaria de la asesoría: «Nunca hemos sido socios. Mi padre ya trabajaba con el Ayuntamiento de Burjassot. La situación de contratación de mi asesoría y el municipio no es perfecta sino pluscuamperfecta. Insisto, nunca he sido socia de José Ruiz en ninguna mercantil».

El PP, en la denuncia presentada y por la que el juzgado número 5 de Paterna ha abierto diligencias, pide que se tome declaración a José Ruiz, Josefa Andrés, la abogada y a todas aquellas personas que pudieran estar involucradas en este asunto.

Los concejales del PP, que han solicitado presentarse en el proceso como acción popular, ya remitieron la documentación a la fiscalía, que archivó el caso aunque abrió la puerta a presentar la denuncia en un juzgado. Es cierto que el ministerio público aludió a que el fraccionamiento de contratos es una irregularidad pero que iba a quedar subsanada con la licitación.

El hecho de que la fiscalía ya archivara hace unos meses la denuncia eleva las posibilidades de que el juzgado de Paterna que lleva el caso siga el mismo camino.