Un juzgado investiga adjudicaciones millonarias sin contrato en Buñol

Ayuntamiento de la localidad de Buñol./Ayuntamiento de Buñol
Ayuntamiento de la localidad de Buñol. / Ayuntamiento de Buñol

La denuncia está dirigida contra los anteriores alcaldes de EU, el grupo municipal del PSOE, otros concejales y excargos locales

HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA.

Un juzgado de Requena investiga la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Buñol durante varios ejercicios de los servicios de limpieza, recaudación y publicidad de la radio municipal. Tres causas que se han unido en una y que suman muchos miles de euros de dinero público marcados por las dudas del interventor general, que denunció que carecía de contratos. Cantidades pagadas por el Ayuntamiento al mes y que sumadas necesitaban de un concurso público. Las denuncias las presentó el grupo municipal popular en base a las continuas advertencias del servicio de intervención y que no fueron atendidas por los equipos de gobierno en los últimos años.

La denuncia, apoyada también por la Fiscalía Provincial de Valencia, va contra los anteriores alcaldes de EU Joaquín Masmano y Rafael Pérez Gil y el grupo municipal socialista, que encabeza la alcaldesa Juncal Carrascosa.

Una de las adjudicaciones que investiga el juzgado, según fuentes consultadas, es la del servicio de limpieza a dos empresas de la localidad con un gasto anual superior a los 100.000 euros.

El equipo de gobierno hizo caso omiso de los continuos reparos firmados por el interventor

En la documentación que está en manos de los tribunales figuran los reparos firmados por el interventor del Ayuntamiento en los que advierte de que los servicios de limpieza se han ido adjudicando sin ningún tipo de contrato.

Cada vez que el interventor paralizaba los contratos del Consistorio, el alcalde firmaba un decreto para levantar la suspensión y pagar a las empresas los servicios prestados. En la denuncia presentada consta que alguna de las empresas beneficiadas contrataron a familiares relacionados con los dirigentes políticos.

El segundo proceso que se está investigando es el del servicio de recaudación, adjudicado a una empresa a través del fraccionamiento de contratos y que cuenta igual que el servicio de limpieza con un listado de reparos por parte del interventor. De la misma manera, los mismos responsables políticos en ese momento convirtieron en papel mojado la advertencia y ordenaron el pago. Incluso cuando el servicio de tributación pasó a realizarlo la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento contrató con un grupo de empresas para que colaboraran con la recaudación. El gasto era de decenas de miles de euros cada año.

El último de los servicios investigados por el juzgado es el de publicidad de la radio municipal, que también figura en el amplio listado de reparos de ilegalidad del interventor del Ayuntamiento. Un servicio que primero fue prestado por una persona y posteriormente por una empresa vinculada a ella. Además, se está investigando en la misma causa la contratación de empresas de mantenimiento, fiestas y servicios culturales.