La Junta Electoral impide a Oltra hacer propaganda con la Ley de Servicios Sociales

La vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra. / j. monzó
La vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra. / j. monzó

Suspende el acto de presentación de la norma en Castellón por vulnerar la Loreg y la Ley de Publicidad Institucional del Consell

FERRIOL MOYA

valencia. La primera mascletà de la carrera electoral del 28 de abril le explotó ayer sin quererlo a Mónica Oltra. La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana dictó una resolución por la que ordenó suspender un acto previsto para la misma tarde de ayer en Castellón, y en el que la vicepresidenta y consellera de Igualdad tenía previsto explicar la nueva Ley de Servicios Sociales del Gobierno valenciano, aprobada el pasado mes de febrero. La resolución recuerda que tanto la ley electoral general como la propia norma de Publicidad Institucional, aprobada por el Consell de Oltra, impiden un acto como el previsto. Tras conocer la decisión, el departamento que dirige la líder de Compromís ordenó la inmediata suspensión del acto.

La resolución de la Junta Electoral es consecuencia de una denuncia presentada por el PP -el escrito llega de Génova, no del PPCV- en el que se advierte de que el acto está organizado por la UJI y por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón y que, al tratarse de organismos públicos, vulneran el artículo 50.2 de la LOREG que impide a los poderes públicos cualquier tipo de acto que haga referencia a logros obtenidos. Paradójicamente, la denuncia de los populares no solicitaba la suspensión del acto, sino que exigía que Oltra no pudiera participar en el mismo. Entre la documentación aportada por el PP, referencias al anuncio publicitario del acto y recortes de prensa de una cita idéntica celebrada en Alicante el 5 de febrero.

Pero la Junta Electoral, a partir de la denuncia del PP, pone el foco en el acto en sí. Y concluye que la organización del acto también corre a cargo de «Generalitat valenciana. Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Sociales», y que de hecho, el logo de ese departamento aparece en la publicidad del acto. La participación de Oltra resulta «improcedente», señala.

La Junta Electoral ve «improcedente» la participación de Oltra en este acto

En las alegaciones presentadas por la conselleria que dirige la líder de Compromís se alega que el acto no era suyo, sino de la UJI y el Colegio de Trabajo Social de Castellón. Sin embargo, el logo de la conselleria aparecía en la publicidad y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón afirmaba que el acto estaba también organizado por la Conselleria. Vicepresidencia sostiene en sus alegaciones que el acto tenía puramente «interés pedagógico y finalidad formativa», una referencia que contrasta con el hecho de que únicamente constaba que fuera a intervenir la propia consellera. De hecho, entre las alegaciones de la conselleria figuraba que la ley de Servicios Sociales que se pretendía explicar -uno de los logros de los que la líder de Compromís viene mostrándose más satisfecha durante los últimos meses- «no forma parte de la acción política del Consell en el sentido de poder ejecutivo, sino que se trata de una ley de Les Corts y por tanto su exposición no redunda en beneficio o perjuicio del Ejecutivo ni de los partidos que lo conforman sino del conjunto de la ciudadanía». La reflexión supone tanto como sostener que el Gobierno valenciano no tiene nada que ver con la elaboración de las normas, y que es únicamente el Parlamento valenciano, que las termina aprobando, el único responsable de su contenido.

El departamento de Oltra también explica que la presentación de esta norma estaba prevista desde el mes de febrero -justo cuando se celebra el acto de presentación de la ley en Alicante-. El criterio contrasta, no obstante, con lo sostenido por el Colegio de Trabajo Social de Castellón, que afirma que la celebración del acto se hizo pública el pasado día 4 de marzo. Ese día, lunes, Ximo Puig reunió con carácter extraordinario al Consell que preside para comunicarle que disolvía Les Corts de forma anticipada y que convocaba elecciones para el próximo 28 de abril, el mismo día de las generales. Aplazarlo, explica la conselleria de Igualdad, habría supuesto, que la norma entrara en vigor «sin haber tenido la ocasión de ser conocida en profundidad por aquellas personas que la han de aplicar».

La decisión de la Junta Electoral supone suspender el primer acto de la Administración autonómica desde que el presidente del Consell decidió el adelanto electoral.

Con todo, aún resulta más llamativo si cabe, y así lo explica el propio órgano encargado de vigilar el comportamiento de los poderes públicos en periodo electoral, que el acto convocado por Igualdad vulneraba una ley aprobada por el propio Consell. Se trata de la de Publicidad Institucional, que vio la luz hace menos de un año y que contó con Compromís como la formación política que más fuerza hizo para que saliera adelante.

La citada norma sostiene en su artículo 11.1 que «con el objetivo de no influir en la intención de voto de la ciudadanía, la publicidad objeto de la presente ley no puede llevarse a cabo en el período comprendido entre el día en el que se hace pública oficialmente la fecha de convocatoria de las elecciones autonómicas y el día en el que se celebren las mismas».

¿Y la presentación de una ley entra dentro de lo que se considera publicidad para la citada norma? El artículo 1 de esa ley de Publicidad Institucional señala que es objeto de esta ley «regular la publicidad institucional entendida como la actividad publicitaria promovida por las administraciones e instituciones públicas de la Generalitat, así como por las empresas y organismos que de ellas dependen, y definir y garantizar el uso de la publicidad institucional exclusivamente en beneficio de la ciudadanía, para que sea informada de sus derechos y de los servicios públicos concretos a los que puede acceder, bajo la concepción ciudadana colectiva y no partidista de las infraestructuras y servicios públicos».

La norma identifica como publicidad institucional a aquella con la que se pretende «difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su novedad o repercusión social, aconsejan su conocimiento general». Ese sería el caso de la nueva ley de Servicios Sociales del Gobierno valenciano. Contra la resolución de la Junta Electoral cabía la interposición de un recurso que no se presentó.