El director general de Política Lingüística, al banquillo por las ayudas a Francis Puig

Las intenciones del juez parecían muy claras cuando en agosto ratificó el procesamiento que ahora la Audiencia confirma. El titular del juzgado recordó en su auto que Trenzano «faltó conscientemente a la verdad en el relato de los hechos», cuando declaró ante él, y que las subvenciones se concedieron sin el control completo del que la conselleria (de Educación) hizo gala ante las dudas del PP, que finalmente consideró que el alto cargo había intentado engañarles cuando justificó las subvenciones al hermano del presidente, ayudas al fomento del valenciano concedidas en 2015 y 2016 a dos empresas vinculadas a Francis Puig. Y lo denunció.

El 27 de febrero de 2018, la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, presentó un escrito para conocer si se habían revisado las ayudas . El director de Política Lingüística desestimó la petición de la diputada popular para que se fiscalizaran las subvenciones porque consideró que las productoras vinculadas a Francis Puig habían presentado la justificación de los gastos y afirmó que la Generalitat había ejecutado operaciones de control y que no se había detectado ningún indicio que hiciera dudar de su veracidad y que no había evidencias de que se hubiera cometido algún tipo de irregularidad con las subvenciones. Sin embargo, el juez instructor considera que no había plan de control, por lo que era imposible la supervisión a la que se refería Trenzano en su respuesta a Ortiz, y de ahí que prosperé la acusación de falsedad en el documento con el que el director general respondió a la dirigente del PP.

El auto de la Audiencia indica que «no resulta desacertado el criterio del magistrado a quo de reputar documento oficial el cuestionado documento«.

Trenzano respondió a Ortiz que «no se detectan irregularidades tras la realización de las actuaciones de control exigidas por la legalidad. Pero esto no pudo ser así cuando el plan de control de las subvenciones se aprobó con posterioridad y es lógicamente después cuando se inician las actuaciones de comprobación y control. Se contiene, no una exposición de opiniones o inferencias de la autoridad firmante, sino una narración de hechos como ciertos, cuando en realidad no parecen serlo«, advierte la Audiencia, que señala que se trata de hechos referentes a «aspectos muy importantes, no accesorios y una falta a la verdad en la exposición de hechos tan destacados, efectuada por empleado público en documento oficial, violenta, el bien jurídico protegido en la tipificación de los delitos de falsedad documental, en cuanto se quebranta la confianza de la que en el tráfico jurídico gozan los documentos de este tipo como medios de prueba de la realidad«.

Tanto el Consell como el Bloc, partido de Compromís al que pertenece Trenzano, niegan la mayor. Fuentes del Gobierno valenciano señalaron ayer que se abrirá juicio «únicamente por firmar una carta elaborada por un funcionario», y subrayan que a Trenzano «no se le acusa de corrupción, ni por haber robado, ni por financiación ilegal ni por trato de favor. El asunto no afecta a ningún euro de dinero público«. Al alto cargo, ciertamente, tampoco se le acusa de asesinato, pero sí de falsear la justificación de una subvención, o sea, de dinero público. Para el Consell, a Trenzano se le achaca «no haber sido supuestamente preciso en una simple carta, validada por los técnicos. No puede ser que una denuncia política, partidista, infundada, aparte a una persona honesta de un cargo de responsabilidad«. Tan pocas ganas o aún menos de que Trenzano asuma responsabilidades políticas demostró la Ejecutiva del Bloc, que señaló en un comunicado su «sorpresa ante la apertura de juicio oral por una denuncia por falsedad interpuesta por el PP sin ningún fundamento«. Sin embargo, la Audiencia entiende que «sin perjuicio de lo que se acredite en juicio, existe a juicio de este tribunal, un fundamento incriminatorio sólido a los efectos de la continuación del procedimiento abreviado«, es decir, del juicio.