La jueza estrecha el cerco: cita al núcleo duro de Mazón, a Pérez Llorca y al dueño del Ventorro

Los cargos del Palau han sido citados tras la petición de las acusaciones populares del PSPV y Ciudadanos. Así se recibirá declaración al síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca y al núcleo duro del presidente. Se trata del secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González y la directora general de la Oficina de Prensa, María Teresa Gómez, así como el asesor Josep Lanuza.

El listado de estas testificales, todavía sin fecha, se completa con la citación al dueño del restaurante El Ventorro donde se produjo la polémica comida con la periodista. El propietario del local fue quien atendió personalmente a la pareja y se encargó de subir la comida, una elección personal de diferentes platos, al reservado. La instructora quiere preguntar si escuchó alguna de las conversaciones que mantuvo el presidente. En especial, la que se produjo alrededor de las 17.30 horas con la consellera Pradas y donde se le aportó información del avance de la emergencia.

También sorprendió el hecho de que le llevara a Mazón unos documentos para que los firmara. Presidencia resolvió ayer el misterio acerca de esa documentación. Se trataba de la lista de estudiantes que tienen la categoría de deportistas de elite. Desde la Conselleria de Educación se había reclamado la firma urgente. Ese mismo día había salido en el DOGV, pero de forma incompleta. Únicamente se publicó el listado de Alta Competición, pero no los deportistas que por edad son los principales beneficiarios.

Además, se da otra circunstancia para explicar la urgencia. El día 31 de octubre finalizaba el periodo para que estos alumnos soliciten en el instituto la exención de Educación Física o bien la convalidación de la asignatura optativa.

La convocatoria del síndic, Juanfran Pérez Llorca, también tiene una lectura política. Se produce cuando el portavoz de los populares aparece como el favorito en la sucesión en la Presidencia de la Generalitat. Se trata del candidato mejor posicionado para obtener el respaldo de Vox en Les Corts y pilotar de esta forma la transición hacia los comicios de 2027. Una comparecencia que puede inquietar a Génova, temerosa de todo lo que rodea la investigación judicial de la tragedia.

La magistrada justifica la necesidad de practicar estas testificales en que resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera investigada «al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024».

La resolución judicial recoge que la investigada mantuvo comunicaciones telefónicas con varios de los testigos ahora citados. Por ejemplo, Pérez Llorca habló en tres ocasiones con Pradas siempre antes de la reanudación del Cecopi a las 19 horas. El síndic, por su parte, conversó con el presidente en dos momentos que coincidirían con el final de la comida en El Ventorro. Además, subraya la jueza el especial vínculo entre el presidente y el portavoz en Les Corts, según se desprende de la agenda de Pradas.

Todos los altos cargos de Presidencia mantuvieron diferentes contactos con Pradas a lo largo de la jornada del 29 de octubre. La jueza considera «perfectamenta plausible» que esas llamadas tuvieran como objetivo informa del avance de la emergencia. Información que supuestamente los asesores, lo que se conoce como la sala de máquinas del Palau, trasladarían posteriormente al presidente. Todo este tránsito de información es lo que pretende aclarar la instructora. La tesis de la magistrada consiste en que el presidente gestionó en cierta forma desde la distancia la gestión de la emergencia. Cree que en el retraso en el Es Alert influyó el hecho de que no estuviera en el Cecopi y no se le localizara de forma rápida. También han sido citados las dos personas que acompañaron al presidente a su llegada al Cecopi a las 20.28 horas de la fatídica tarde. Se trata de un asesor y de su jefa de prensa. En cambio, la instructora rechaza identificar a los escoltas del presidente porque no consta que estuvieran con este ni que pudieran oír alguna de las llamadas, si se atiende a lo declarado por la periodista citada el pasado lunes como testigo.

Todas estas diligencias tienencomo último objetivo aclarar el papel del presidente en la gestión de la emergencia dado que él puede dar órdenes al resto de consellers, en este caso, la titular de Emergencias. En el caso de que la instructora encontrara indicios reforzados de criminalidad en la actuación del presidente -bien por desentenderse o por el deficiente control de la situación desde la distancia- seria el momento de una exposición motivada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La Fiscalía puede o no informar acerca de su posición. En otros casos, como en su momento el conseller Rafael Blasco, así lo hizo. En ese escenario, el futuro queda en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Mazón mantiene de momento el aforamiento, una salvaguarda para evitar la imputación de la magistrada. Al medio o corto plazo, este privilegio no supone, en realidad, una ventaja. No se intuye qué diferencia puede existir entre ser juzgado por la Audiencia de Valencia o por el TJS.

No fueron las citaciones la única novedad de la jornada. Una de las derivadas de la investigación judicial es el persistente enfrentamiento entre el letrado José María Bueno, representante de los intereses de Emilio Argüeso, y la jueza instructora. La feroz disputa, al margen ya de los diferentes análisis e interpretaciones de la tragedia, ha derivado en la apertura de un procedimiento para aclarar si la actuación del abogado merece una sanción.

El profesional ha recibido el apoyo del Colegio de Abogados. La institución sostiene que el lenguaje utilizado por la magistrada incide en la reputación del letrado. «Es despectivo y descalificador al referirse a él como defensa desnortada o defensa burda». También se citan expresiones como petición de «prueba denigratoria», «dislate procesal en la proposición de prueba» y otras referencias. Todo esto desacreditaría al abogado ante el tribunal y ante sus clientes, se desprende de la resolución del ICAV.