El juez prorroga otros 18 meses la investigación a la agencia afín al PSPV

La exministra de Vivienda Beatriz Corredor. / efe
La exministra de Vivienda Beatriz Corredor. / efe

Los socialistas valencianos intentan desvincularse de un procedimiento donde está investigado el equipo de la exministra Corredor

EP/B. F.

madrid/valencia. La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Mercedes Pérez Barrios, ha declarado compleja la causa abierta por las presuntas irregularidades en el contrato de publicidad concedido en 2008 por el Ministerio de Vivienda a la empresa Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturó servicios de manera reiterada al PSPV, y ha acordado ampliar la instrucción hasta 18 meses más. En la causa se encuentra investigada parte del equipo de la exministra Beatriz Corredor, como el que fuera jefe de Gabinete, Nicolás Mateos; la jefa de prensa, Eva Cuesta y el exsubsecretario del Ministerio y expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer. También están imputados la abogada del Estado Irene Domínguez-Alcahud -destinada en el Ministerio de Vivienda durante la etapa de Corredor- y Alberto Crespo Gomar, hijo del ex teniente alcalde socialista del Ayuntamiento de Gandia y responsable de la agencia de comunicación. La juez investiga la presunta comisión de los delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos en la adjudicación de la campaña de difusión del Plan de Vivienda 2009-2012 por el importe 126.208 euros y conforme al artículo 324 de la Ley de Enjuciamiento Criminal (LECrim), la Fiscalía solicitó el pasado 6 de agosto que la causa se declarase compleja y, por tanto, se ampliase la instrucción 18 meses más.

Anuncio de Eva Ortiz

El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manuel Mata, se enteró de la novedad procesal por boca de la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, quien ayer le recordó a los socialistas valencianos que su financiación continúa en los juzgados. Mata especuló posteriormente con la posibilidad de que ese juzgado pidiese unos papeles al Gobierno presidido por Mariano Rajoy que «no han llegado», por lo que «la única alternativa» al cumplirse los seis meses de instrucción es declarar la causa compleja. «Eso tan relevante es lo que ha acordado el juzgado: que como no han llegado los certificados, se tiene que declarar causa compleja», ironizó Mata, quien aseguró que el Gobierno del PP modificó la ley para «poderse cargar todos los casos de corrupción», y limitó a seis meses el tiempo de instrucción. Mata añadió que en la causa del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid «está imputada una subsecretaria de Cospedal y un alto cargo de Inditex que era abogado del Estado, pero no hay nadie del PSPV, ni creo que socialista», señaló, si bien es probable que en el equipo de la exministra Corredor, alto cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hubiese socialistas.

El pasado 31 de agosto, la magistrada aceptó en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la petición del Ministerio Público debido a «las especiales características de los hechos punibles, el número de investigados, así como el resultado de diligencias ya acordadas, que hacen previsible que la causa no pueda concluirse en el plazo de seis meses», tal y como establece la LECrim.

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