El PSPV insiste: «no hemos metido la mano»

El portavoz del PSPV en Divalterra, Pablo Seguí, a su salida de la Ciudad de la Justicia donde ha declarado como testigo/EFE/Kai Forsterling
El portavoz del PSPV en Divalterra, Pablo Seguí, a su salida de la Ciudad de la Justicia donde ha declarado como testigo / EFE/Kai Forsterling

El juez y y el fiscal interrogan a los portavoces sobre la contratación de los directivos en Divalterra

ALBERTO GONZÁLEZValencia

La instrucción del caso Alquería, en la que se encuentra investigado el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha completado este jueves un nuevo episodio con la declaración de los portavoces de los grupos políticos en la Diputación. Los llamados a declarar, todos ellos como testigos, eran los portavoces del PSPV, Pablo Seguí, Compromís -la ahora presidenta en funciones de la Diputación, María Josep Amigó-, así como los del PP, Rafael Soler y Ciudadanos, Jorge Ochando. Este último presentó en su día una denuncia con las presuntas irregularidades de la empresa Divalterra, que se sumaron a las diligencias que ya se seguían en el ministerio público por otra denuncia anterior. La causa está bajo secreto por lo que los abogados de los investigados no han podido acceder a los interrogatorios.

Por su parte, el portavoz del PSPV, Pablo Seguí, ha manifestado que abandona muy tranquilo el juzgado tres declarar como testigo por la operación policial. El responsable ha defendido la honorabilidad de su equipo de Gobierno. «Aquí no se ha metido la mano», ha insistido en referencia a un supuesto delito de malversación. Además, ha criticado al PP por denunciar que los implicados en la operación siguen cobrando un sueldo público. «Tienen muy poca vergüenza», ha respondido. En este sentido, ha recordado que el último gerente del PP pidió que le reservaran la plaza

A la salida, tanto Amigó como Ochando han recordado que no podían desvelar el contenido del interrogatorio porque existe secreto de sumario. Las preguntas del juez y el fiscal han pivotado alrededor de la contratación de los directivos en la empresa pública Divalterra y si sabían de la irregularidad que suponía este tipo de contrataciones. Por otro lado, el responsable de Ciudadanos ha explicado que le parece muy mal que los empleados de Divalterra detenidos en la operación sigan cobrando un sueldo público. «Debe convocarse el consejo de administración y cesarlos», ha indicado.

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