Un juez critica a la Policía por las cargas del 1-O

Huelga general en Cataluña por la actuación policial durante el referéndum. /Efe
Huelga general en Cataluña por la actuación policial durante el referéndum. / Efe

La Audiencia de Barcelona rechaza investigar a votantes del referéndum por los delitos de desobediencia y resistencia pasiva grave

CRISTIAN REINOBarcelona

La Audiencia de Barcelona regaló este miércoles una victoria moral al independentismo en la causa judicial por las cargas policiales del 1-O. Por un lado, el tribunal afeó la intervención de la Policía Nacional, al usar la fuerza sin previo aviso y sin haber agotado la vía del diálogo. «Infringió» una de las pautas de actuación de sus protocolos ya que no agotó «los medios no violentos, usando el diálogo como medio para persuadir a los congregados» y utilizando el uso proporcionado y gradual de la fuerza «sólo cuando no exista otra opción», según el auto conocido este miércoles.

Por otro lado, rechazó una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policía que pretendía imputar a los votantes del referéndum ilegal del 1-O que se postraron frente al instituto Pau Clarís en Barcelona para impedir que la Policía pudiera acceder al centro para requisar las urnas y las papeletas. El sindicato policial quería imputar a los votantes por desobediencia y resistencia pasiva grave.

Sin embargo, según la Audiencia de Barcelona, el objetivo de los votantes que se concentraron frente al colegio electoral «no era el de denigrar el principio de autoridad que ostentaban los agentes de policía, sino el de poner en marcha, como herramienta político-social, un movimiento de desobediencia o resistencia civil no violenta que impactara en la opinión pública, en busca de un cambio sociopolítico que facilitara la defensa de los fines independentistas provocando a la postre un cambio de la actual legalidad».

El tribunal considera que a los votantes del 1-O no se les puede imputar por desobediencia por el hecho de que conocieran por la prensa que la Policía tenía la orden judicial de impedir el referéndum. Y para poderles atribuir un delito de resistencia a la autoridad, considera que se debe producir «algo más que un comportamiento limitado a soportar, aguantar, sufrir, la fuerza física en su contra».