La juez también archiva la causa contra la exgerente de FGV por amañar contratos

Las diligencias analizaban dos asuntos. Por un lado, las sospechas de que Gracia y otros dos directivos alteraron los informes técnicos que había elaborado el jefe de seguridad Arturo Rocher -también investigado- con el objetivo de adjudicar los contratos de vigilancia a dos mercantiles. Supuestamente se había modificado la puntuación de las empresas así como su posición en la clasificación. Finalmente, las dos firmas se llevaron contratos por valor de 17 millones de euros. Este proceso se produjo en 2007, un año después del accidente de metro que costó la vida 43 personas y otras 47 resultaron heridas.

La juez, no obstante, resta credibilidad al relato incriminatorio de Rocher. Subraya que ha ido aportando documentación a la causa de manera paulatina e interesada y varios de esos escritos no constaban en el expediente original. Entre ellos, la supuesta manipulación. Además, la instructora recuerda que Rocher no impugnó la decisión de FGV en el momento de los hechos y que varios testigos han rechazado su versión. Este sobreseimiento provisional puede ser recurrido ante la misma instructora o ante la Audiencia. Y salvo sorpresa mayúscula, la Fiscalía lo hará. De hecho, fue el ministerio público el que pidió el auto de incoación de procedimiento abreviado, una resolución que equivale al procesamiento de otro tipo de procedimientos, y que aboca a los investigados a la celebración de juicio. El ministerio público entendió entonces que se daban los requisitos para formular escrito de acusación.

La misma investigación también abordaba si FGV, por orden de Gracia, perdonó el cobro de determinadas penalizaciones a las concesionarias por el incumplimiento de los contratos. En este punto, la instructora decreta el sobreseimiento libre, que equivale a una sentencia absolutoria. Considera que el informe de la Intervención de la Generalitat, en el que se descarta cualquier ilegalidad, es suficientemente sólido para eliminar toda sospecha.

No era este el único asunto que mantuvo abierto el mismo juzgado contra la que fuera máxima responsable de la empresa pública. Una denuncia de Compromís -Oltra se grabó un vídeo mientras se dirigía a la Ciudad de la Justicia a presentar el escrito- también terminó archivada. En este supuesto, además, contó con el respaldo de la propia Fiscalía que no vio motivos para continuar. En este caso, la líder de la coalición nacionalista sostenía que Gracia fraccionó los contratos con la mercantil H&M Sanchís, una consultora que elaboró un documento con recomendaciones sobre los contenidos a tratar durante las comparecencias de los directivos en la comisión de investigación de FGV. Posteriormente, tras la llegada a la Generalitat de Compromís y PSPV, la denuncia se amplió ante las sospechas de que la misma irregularidad se hubiera repetido en otros dos procedimientos. Todo quedó en nada.

El recurso de una de las acusaciones -Rocher también es parte de esta pieza- obligó al pronunciamiento de la Audiencia. El tribunal ratificó los argumentos de la instructora. Existía un informe de la Intervención de la Generalitat que aclaraba todas las dudas respecto a estos procedimientos. No hubo ilegalidad.