La Intervención valida los contratos de la F-1 y no ve perjuicio para la Generalitat

Los mecánicos de Ferrari empujan el coche de Alonso en una de las pruebas celebradas en Valencia. / jesús signes
Los mecánicos de Ferrari empujan el coche de Alonso en una de las pruebas celebradas en Valencia. / jesús signes

El dosier entregado a la jueza recuerda que es el agente urbanizador del sector Grao el que debe retornar el dinero de las actuaciones

A. RALLO

valencia. La Intervención de la Generalitat ha remitido un informe a la jueza que investiga la construcción del circuito de la Fórmula 1 que concluye que los contratos respetaron la normativa y que, además, estas actuaciones, impulsadas por el Consell, no han generado un perjuicio económico a la Administración autonómica.

El dictamen del órgano auditor beneficia notablemente a las defensas de los principales investigados en el procedimiento, entre los que se encuentra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps y el exconseller de Infraestructuras Mario Flores.

Los especialistas han analizado una veintena de contratos que en su día adjudicó la hoy desaparecida Red Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP). El organismo fundamentó su actuación en un decreto por el que se atribuía a la Conselleria de Infraestructuras la competencia para ejecutar las obras del trazado. «No consta que esté en causa legal de nulidad», aclararon los expertos respecto a ese decreto.

El importe que el Ayuntamiento debe cobrar al urbanizador asciende a 45 millones de euros

El informe entregado a la jueza recoge, por un lado, que los «expedientes fiscalizados observan esencialmente los trámites esenciales del procedimiento de contratación» salvo alguna incidencias. En cualquier caso, menores. El segundo punto, clave para el devenir del procedimiento penal, es la inexistencia de un perjuicio económico para la Generalitat, «evaluable económicamente», consecuencia de los proyectos adjudicados.

La explicación es que buena parte del coste de esas infraestructuras, conexión Alameda y avenida Francia entre ellas, contemplan una «compensación económica» al GTP a través del Ayuntamiento de Valencia que impondrá un canon de urbanización a los propietarios del sector Grao o al urbanizador que finalmente se haga cargo. El convenio que firmaron en su día ambas administraciones (GTP y Consistorio) estipulaba que a los seis meses de aprobada la reparcelación se reintegraría el importe.

La GTP desapareció y sus competencias pasaron a la Entitat Pública d'Habitatge i Sòl (Evha) incluidos los derechos de cobro por las obras adelantadas en su día. Y este organismo, según expone la Intervención en su informe, no ha comunicado ninguna incidencia que afecte a la cantidad que todavía debe ingresar. Así, las últimas cuentas depositadas por la mercantil, correspondientes al año 2017, recogen 45 millones de euros a su favor por este concepto.

La propia Intervención en otro informe sobre Evha, fechado en el verano de 2018, llamó la atención acerca de la «incertidumbre respecto al calendario y condiciones de cobro de este saldo» porque el reintegro queda «supeditado» al futuro urbanístico del enclave.

El PAI del Grao permanece a día de hoy paralizado. El fondo británico Hayfin Capital y Atitlan Grupo Empresarial, sociedad inversora de Aritza Rodero y Roberto Centeno, yerno de Juan Roig, compraron una parcela de 14.000 metros cuadrados a la Sareb. Por aquel entonces todavía no contaban con el 50% de todo el sector, un requisito necesario para formalizar la propuesta en el Consistorio de agente urbanizador, es decir, la entidad responsable de las obras del nuevo barrio.

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