Intervención no ve fraccionamiento en los contratos de Castellano con su amigo Taroncher

El exdelegado del Gobierno Serafín Castellano en la Ciudad de la Justicia. Irene Marsilla/
El exdelegado del Gobierno Serafín Castellano en la Ciudad de la Justicia. Irene Marsilla

El informe forma parte de la causa en la que se investiga el aumento de la facturación de la empresa constructora

A. Rallo
A. RALLOValencia

Más de cuatro años han transcurrido desde la detención del que fuera delegado del Gobierno de la Comunitat, Serafín Castellano. Aquella operación policial se dividió posteriormente en diferentes piezas judiciales. La más relevante, sin duda, es la que se sigue en la Audiencia Nacional debido al presunto amaño de los contratos de extinción de incendios a favor de la empresa Avialsa a cambio de regalos de joyas y el pago de cacerías al dirigente gubernamental.

Pero existen otras investigaciones que también siembran de incertidumbre el futuro de Castellano. Por ejemplo, la que se sigue en Instrucción 19 de Valencia, que analiza los contratos que el conseller dio a su amigo José Miguel Pérez Taroncher -reconocida esta condición por el propio exconseller- a lo largo de su etapa en el Consell. El empresario, que falleció una vez abierta la investigación judicial, recibió numerosos contratos de la administración con su mercantil Construcciones Taroncher y Asociados.

Ese aluvión de encargos de la Generalitat –Castellano fue conseller en distintas etapas de Sanidad, Justicia y Gobernación– le permitió doblar su facturación. Así ocurrió en el periodo (2006-2007) donde se multiplicó la cifra de negocio sin apenas incrementar el gasto de personal, algo llamativo cuando la firma se dedica a la construcción. La sociedad realizó actuaciones en la propia sede de la conselleria, en institutos y empresas públicas. Llegó a facturar cerca de tres millones de euros en contratos con la administración valenciana. Una cifra significativa para las relaciones que unían al administrador con el conseller, es decir, proveedor y contratista.

Ahora, cerca de un año después, la Intervención ha entregado el informe que ordenó el juzgado tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción. El trabajo del órgano auditor no aprecia fraccionamiento en los contratos. Esta práctica consiste en dividir de manera deliberada la prestación de un servicio en varios contratos menores para evitar que salga a concurso. Es una práctica irregular, pero no siempre delictiva. Se tiene que dar un plus para que los fiscales y jueces aprecien indicios de criminalidad, por ejemplo prevaricación, para llevar el procedimiento adelante. En algunos supuestos como el caso de Pere Fuset y las adjudicaciones de su departamento, que se investigan en Instrucción 2, el ministerio público sí ha impulsado la causa penal.

El dosier de la Intervención se ha demorado más de lo previsto por la sobrecarga de trabajo que arrastra el órgano auditor. De hecho, nada más recibir el encargo del juzgado, enviaron un escrito en el que solicitaban una ampliación del plazo por la saturación que arrastraban. En cualquier caso, el informe de la Intervención sí favorece los intereses de Serafín Castellano. No es la primera vez que los trabajos de la Intervención sirven para apuntalar los sobreseimientos, tal y como ha ocurrido en el caso del circuito de la Fórmula 1, por poner el ejemplo más reciente a favor de los investigados.

La Udef también depositó sus sospechas en los negocios comunes de los dos matrimonios, el de Castellano y el del empresario. Por ejemplo, se investigaba una operación de compra de un apartamento en Dénia con garaje y trastero en la urbanización Playa Sur en 2005. Los agentes barajaban la posible utilización de dinero en B en aquella operación. Los especialistas buscaban el origen de esas cantidades al margen de fiscalización. Las parejas, al parecer, también habían invertido en la compra de unos terrenos agrícolas.