Intervención detecta irregularidades en la política de personal del IVASS

Protestas en la puerta del Palau de la Generalitat. /Irene Marsilla
Protestas en la puerta del Palau de la Generalitat. / Irene Marsilla

La empresa pública que gestiona los servicios sociales de la Generalitat contrata sin informes, gasta más de lo que tiene autorizado y encadena empleos temporales

M. HORTELANO

La Intervención de la Generalitat, el máximo órgano auditor de la Administración, ha puesto de nuevo la vista sobre las irregularidades en la política de personal que se lleva a cabo desde la entidad mediante la que se gestionan los servicios sociales valencianos. Y en este caso, el Instituto Valenciano de Atención a los Servicios Sociales (IVASS) es ya reincidente.

En su informe de auditoría de cumplimiento del 2018, la Intervención emite un criterio desfavorable a toda la gestión del personal del departamento que depende directamente de la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas. Según alerta el dictamen definitivo, el IVASS incumple la normativa de contratación en una decena de supuestos. En concreto, mantuvo vigentes durante el año pasado contratos temporales que excedían la duración máxima que establece el Estatuto de los trabajadores. Este tipo de práctica puede acabar en que un contrato temporal se convierta en indefinido no fijo y podría acabar suponiendo responsabilidades a la dirección del Instituto, de quien depende su personal. Los trabajadores y trabajadoras de la entidad se hacen cargo de la atención en centros de día, centros ocupacionales, pisos y viviendas tutelados, oficinas y centros especiales de empleo. Y es que la gravedad llega hasta el punto de que en el IVASS ni siquiera hay Relación de Puestos de Trabajo ni cuentan con masa salarial autorizada, por lo que la función de auditoría que cumple la Intervención se ve dificultada, ya que la entidad dependiente de la Conselleria de Hacienda no es capaz de concluir si el personal laboral de servicios sociales ha cobrado solo el salario que corresponden a su tipo de puesto o un otro.

A pesar de que en el pasado ejercicio el Consell autorizó un aumento de la masa salarial tras una tensa negociación política entre las consellerias de Hacienda y la de Igualdad, parece que los 1,2 millones que se aprobaron para equiparar los salarios de la plantilla a los del resto de empresas públicas no fue suficiente, a juzgar por los datos que aporta la empresa en su auditoría. Según la Intervención, la entidad superó en 347.000 euros esa cantidad con la que el departamento que depende de la vicepresidenta, Mónica Oltra, quería equiparar los salarios del sector en una plantilla muy feminizada.

Otro de los puntos en los que los auditores públicos han puesto reparos es en la falta de auditor interno en el IVASS, a pesar de que es obligatorio por ley. De hecho, las empresas del sector público adolecen de fiscalización previa y cuentan con informes de Intervención una vez ha finalizado el ejercicio como único mecanismo de control externo. El problema es que una vez que el organismo público alerta de las irregularidades en sus informes provisionales en forma de recomendaciones, las entidades públicas tienen un periodo para solucionarlo o presentar alegaciones antes de que se emita el definitivo.

Siguiendo con la política de personal, Intervención pone también la lupa sobre varios contratos de seguro de responsabilidad civil profesional que la entidad ha solicitado para un arquitecto y varios profesionales de los centros para los que no existe constancia de informe por parte de la Conselleria de Hacienda. Tampoco existe nombramiento ni autorización por parte del órgano correspondiente de las gratificaciones por servicios extraordinarios que el IVASS ha pagado.

El caos de personal es tal que en el informe se avisa también de que en la entidad conviven varios convenios colectivos con disparidad de condiciones entre los empleados y alerta de que se llevan a cabo procesos de selección para puestos temporales que no se ajustan a los procedimientos de acceso al sector público. De hecho, en muchos de esos procesos se echa mano de bolsas de empleo que ni siquiera han sido aprobadas por el director general del Instituto, actualmente Enrique Ferrer. Las contrataciones, de hecho, no están recibiendo el preceptivo informe de Hacienda que autoriza los aumentos de masa salarial.

Pero la política de personal no es el único apartado en el que Intervención alerta de incumplimientos de la legalidad. En el de contratación, el IVASS recibe valoración favorable, pero con salvedades. Sobre todo en el exceso de contratos menores encadenados, que superan en ocasiones el límite legal porque son fraccionados. Tampoco se pagan en el plazo legal establecido. Como curiosidad, el auditor avisa de que se han contratado servicios de restauración para algunos empleados que no están contemplados en el convenio, por lo que esos importes son retribuciones en especie encubiertas.