La Intervención constata que la fundación del Papa gastó más de lo que podía pagar

Miles de asistentes a uno de los actos del evento religioso. / damián torres
Miles de asistentes a uno de los actos del evento religioso. / damián torres

El órgano auditor del Estado recoge la ausencia de un plan de viabilidad, el incumplimiento de la ley y el descontrol en la contabilidad

A. RALLO

La Intervención del Estado ha presentado un demoledor informe acerca del funcionamiento de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, la entidad creada para gestionar la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. La sociedad, integrada por Generalitat, Ayuntamiento y Arzobispado, pudo gestionarse de una manera delictiva, según se desprende del informe de la Intervención General del Estado (IGAE), un dosier entregado en el juzgado hace apenas un mes y que completa otro de la Intervención de la Generalitat que se aportó a la investigación hace ya más de dos años. Las conclusiones del órgano auditor del Estado, que coinciden con un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) resultan claramente desfavorables para varios de los investigados en esta subtrama de la visita del Papa, diferente al amaño de los contratos de pantallas y megafonía en los que se coló la red corrupta de Gürtel.

El día a día de la Fundación V Encuentro no fue precisamente modélico. El experto de la Intervención, que declarará como testigo el próximo mes de enero, alerta de irregularidades detectadas en los contratos con 11 empresas diferentes, pero también «de la gestión de los fondos dotacionales» durante el periodo de la fundación. «Existe un incumplimiento reiterado de la legalidad», concluye tanto el informe de la Intervención como el de la Udef. No es que únicamente se vulneraran los principios de publicidad y de transparencia sino que desde el primer momento «se rebasó su capacidad presupuestaria» y se incurrió en presupuestos de gasto muy por encima de sus posibilidades, es decir, se realizaron inversiones siendo conocedores de que no podrían hacerles frente. «No había plan de viabilidad» y se operó «con absoluta vulneración de la normativa reguladora».

Los especialistas también han podido comprobar «graves irregularidades» en la custodia de documentos en la fundación y «en la llevanza de la contabilidad». De igual modo, el fiscal recoge que el proceso de extinción de la entidad registró sucesivas deficiencias. La visita de Benedicto XVI costó cerca de 12 millones de euros, según un informe de la Udef aportado en la causa de las pantallas, instrucción ya finiquitada. La fundación arrastró pérdidas desde su primer ejercicio. Se constituyó con 40.000 euros de las administraciones valencianas, pero nunca se sometió a las reglas de contratación del sector público que sí debían presidir su actividad. El Consell se vio obligado en 2009 a inyectar cerca de dos millones de euros para el pago de las deudas.

Los informes resultan claros: «Hubo una absoluta vulneración de la normativa reguladora»

Anticorrupción quiere que el experto que ha realizado el informe de la Intervención comparezca en el juzgado para precisar algunos aspectos de su evaluación. De hecho, su citación en primer lugar, antes de los responsables políticos, no es casual. El fiscal pretende disponer de todos lo detalles sobre la operativa irregular de la fundación antes de interrogar a los responsables del evento. De manera indiciaria, los investigadores apuntan a que se habrían cometido los delitos de prevaricación, malversación y fraude a la administración.

Los imputados empezarán a comparecer a partir del próximo mes de enero. La causa había permanecido estancada hasta la llegada de las conclusiones de la Udef y la Intervención. Los principales investigados son el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y su vicepresidente Víctor Campos. También Juan Cotino, exconseller de Agricultura, es otro de los supuestos responsables del Consell. El asunto ha terminado salpicando al Arzobispado de Valencia. Uno de los tres obispos auxiliares de la diócesis Esteban Escudero y el exsecretario del Arzobispado Antonio Corbí, completan la nómina de los imputados más relevantes. El primero fue recuperado por el cardenal Antonio Cañizares tras su desembarco en Valencia después de una etapa en Palencia. Corbí, en cambio, fue la mano derecha del que fuera arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, durante la celebración del evento religioso. Ahora es el párroco de San Nicolás. Fuentes del Arzobispado prefirieron hace unos días no comentar decisiones judiciales.

 

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