Intervención alerta de las irregularidades en el Silicon Valley valenciano

La Sociedad Proyectos Temáticos podía manejar durante el ejercicio de 2018 hasta 2,5 millones de euros para la concesión de incentivos a las empresas que se instalaran en el Distrito Digital. A 31 de diciembre, el importe total otorgado -siendo el incentivo máximo por empresa de 40.000 euros- fue de 1.650.000 euros-. Una actuación que ha sido puesta en cuestión por la Intervención General de la Generalitat, que defiende que la Sociedad Proyectos Temáticos, dirigida por Antonio Rodes, no tiene capacidad para repartir subvenciones económicas a empresas para que se instalen en el Distrito Digital. Los auditores de la Generalitat han relatado en un informe las posibles irregularidades cometidas por la empresa pública, que se ha arrogado funciones que no están sustentadas por la normativa.

El 13 de febrero de 2018, el director general de la SPTCV, Antonio Rodes, firmó una resolución para aprobar las bases para conceder incentivos económicos para la creación del Distrito Digital. El plan se acogió al Reglamento 1407/2013 de la Comisión Europea de las ayudas 'minimis'.

La Intervención de la Generalitat cuestiona el procedimiento y advierte de que la SPTCV es una sociedad mercantil que forma parte del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, por lo que está sujeta al ordenamiento jurídico privado. Un detalle relevante porque la entidad que preside Rodes no tiene potestades administrativas «y no puede convocar ni conceder subvenciones». De esta manera, como señala el informe, los incentivos repartidos por la SPTCV para atraer a empresas se habrían ejecutado al margen de cualquier normativa.

La concesión de las ayudas se ha regido por la ley General de Subvenciones y la Intervención de la Generalitat considera que este tipo de repartos es cuestión que atañe a los poderes públicos, por lo que no se pueden realizar a través de entes que están sujetos al derecho privado, como es el caso de la empresa pública que dirige Antonio Rodes. La discusión no está en que entidades sujetas al derecho privado -como la Sociedad Proyectos Temáticos- puedan realizar incentivos sin contraprestación. La irregularidad es que esas aportaciones nunca pueden ser para fines públicos o de interés social. La SPTCV, al haberlo hecho, actúa «impropiamente» como un poder público al ejercer el reparto de subvenciones.

La única donación de dinero que puede ejercer el ente que dirige Antonio Rodes y que queda fuera del concepto legal de subvención es aquel que se dirige a mejorar el objeto social de la SPTCV «pero siempre que no tuviera por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública». Las bases de la convocatoria señalan que el objeto es incrementar las inversiones y las actividades relacionadas con la innovación, nueva tecnología, crear nuevas empresas y recursos humanos especializados.

La exposición de motivos de la resolución señala que el objetivo «es impulsar la creación de un distrito digital en la Comunitat Valenciana» para crear un tejido empresarial innovador digital y tecnológico denominado Distrito Digital en Alicante, «generando riqueza y empleo en el ámbito de las nuevas tecnologías y fomentando así el desarrollo de la economía digital en el ámbito de la Comunitat Valenciana». La Intervención de la Generalitat considera que sí que existe un interés público o social y por lo tanto la entidad liderada por Rodes no está autorizada para conceder incentivos económicos como si fuera un organismo público.

«La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana no puede otorgar subvenciones, ni entregas dinerarias sin contraprestación que encubran auténticas subvenciones, al carecer de tal potestad, no pudiendo ejercer facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública», según señala el informe de Intervención.