Intervención alerta de la grave situación que sufre por la falta de personal

Intervención alerta de la grave situación que sufre por la falta de personal

El órgano de la Generalitat solicita a un juez más plazo para un informe de Anticorrupción y advierte de que el convenio para actuar como peritos no se ha renovado

A. RALLO

La Intervención de la Generalitat ejerce un papel capital en determinados asuntos judiciales. En ocasiones, los jueces o fiscales solicitan que actúen como peritos a la hora de evaluar una actuación administrativa de los investigados. Sus informes pueden resultar claves -y de hecho lo han sido- para apuntalar los indicios de criminalidad. Así ha ocurrido en el caso Cooperación, por citar alguno de los ejemplos más significativos.

Pero la carga de trabajo también pasa factura al órgano fiscalizador, que se encuentra completamente desbordado, según se desprende de un escrito entregado recientemente en el juzgado de Instrucción 19 de Valencia. El titular había encargado un informe sobre las adjudicaciones que en su día concedió el exconseller de Gobernación Serafín Castellano a su amigo, el empresario José Miguel Pérez Taroncher, quien falleció una vez iniciada la causa judicial.

El informe iba a examinar el proceso administrativo que se siguió y si de manera deliberada se fraccionaron contratos para evitar que la prestación saliera a concurso. Pero también se iban a tener en cuenta otros aspectos como, por ejemplo, la ingente cantidad de dinero que la empresa recibió de la Administración, dos millones de euros entre 2007 y 2009.

La inspectora demanda más puestos y advierte de la tensión que se genera con los encargos judiciales

Este trabajo se encargó ya hace meses. Sin embargo, la Intervención acaba de pedir una prórroga para elaborar el informe. En el documento donde se solicita ese aplazamiento, se citan una serie de problemas que arrastra el órgano. Aparte de su trabajo original -auditar la labor de la Generalitat- deben añadir los encargos que reciben desde los juzgados. «Una responsabilidad que no supone ni más remuneración ni tampoco consideración», lamentan. El escrito corre a cargo de Amparo Adam, la interventora general desde comienzos de 2016.

La máxima responsable explica al titular del juzgado el estado de su departamento sin ninguna ambigüedad. «Grave situación ante la escasez de recursos», llega a definirlo. Pese a todo, asegura la dirigente que han seguido realizando su labor como peritos «pese a las tensiones que ha provocado» en el organismo. Además, comunica que ya ha solicitado a la Generalitat más puestos de trabajo para su departamento para aligerar el volumen de trabajo.

El retraso en los informes lógicamente demora el cierre de las investigaciones judiciales. No es el único trabajo de Anticorrupción pendiente. En una pieza derivada del caso Imelsa, la que analiza el cobro de comisiones y la construcción de colegios, también se encargó un informe acerca de la legalidad de estas actuaciones.

La máxima dirigente de Intervención, en ese mismo escrito, alerta de que ha finalizado el convenio de colaboración que existía con la Administración de Justicia y responsabiliza de esa decisión a la Generalitat. Desde la Conselleria que dirige Gabriela Bravo admitieron que, de momento, no se ha prorrogado el acuerdo que en su día firmaron también los responsables del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Generalitat. Fuentes de la conselleria indicaron que están a la espera de que la FGE les dé el visto bueno y que ya está redactado el borrador de este acuerdo. Achacan el retraso al cambio en La Moncloa y la llegada de una nueva ministra de Justicia y una fiscal general. Insisten en que están a la espera de que desde el ministerio público se les informe de la persona de contrato. Desde el CGPJ informaron de que la Comisión Permanente aprobó el pasado 23 de mayo una nueva prórroga y no tienen conocimiento de ninguna incidencia. En cualquier caso, desde la Conselleria de Justicia aseguran que la renovación no se demorará más de este mes y añaden que con independencia de ese convenio la Intervención está obligada a actuar como peritos.