Intervención alerta de la duplicidad entre Tragsa y la empresa pública de bomberos

Sin embargo, tres años después, SGISE sigue necesitando acudir a las encomiendas de Tragsa para poder llevar a cabo su trabajo en la extinción de los incendios y la gestion de todo tipo de emergencias. Algo sobre lo que la Intervención ya ha puesto la lupa en su último informe sobre la auditoria de 2020. El ente fiscalizador de la Generalitat avisa de que con cada prórroga de los encargos que en su día se hicieron a la empresa estatal, hace que la justificación por la reciente creación del ente valenciano pierda vigencia. Es decir, que se acaba convirtiendo en una excusa. Eso sí, los interventores advierten de que los encargos a Tragsa «coinciden en gran parte con el objeto social de SGISE» por lo que «una prolongación excesiva del mismo podría manifestar ineficiencias en el modelo de gestión establecido» para asegurar el funcionamiento eficiente y ágil del servicio de bomberos forestales de la Generalitat. De hecho, la valoración es favorable, pero con salvedades y recomeniendan a la entidad que para evitar incurrir en cesión ilegal de trabajadores, insten a la Conselleria de Justicia a formalizar un encargo referido a las funciones de los bomberos integrados en la empresa del Consell. Pero para ello habría que cambiar su objeto social para ampliar o concretar sus funciones.

Y es que, básicamente, la actividad económica de la empresa pública de bomberos se limita a pagar las nóminas de la plantilla que acogió con su constitución y hasta para eso han hecho una encomienda a Tragsa. La prestación del servicio de extinción de incendios, si bien se realiza con esos mismos trabajadores, sigue recayendo en la empresa pública estatal a la que se le encargaba la labor, vía encomiendas de gestión. Así lo detallaba el informe de auditoría del año pasado en el que se señalaba que, apenas tres meses después de crearse SGISE, el consejo de administración de la entidad autorizó una nueva encomienda a Tragsa, con un presupuesto de casi 10 millones de euros, porque «se consideraba absolutamente necesaria la realización del embargo de colaboración logística, gestión complementaria y acompañamiento en la organización del servicio de bomberos forestales». Ese mismo día se suscribió el encargo a Tragsa por parte de SGISE y se comenzó a prestar el 1 de abril. Es decir, a pesar de haber constituido la empresa pública, Tragsa seguía siendo parte fundamental en la extinción de incendios, ya que la Generalitat sólo cuenta con los recursos personales: los bomberos forestales.

Además, los interventores desvelan en su informe que la empresa pública tiene riesgos en los procedimientos de gestión y controles internos que pueden acabar afectando al área de tesorería. Especialmente altos son los riesgos en el área de organización, ya que la falta de un departamento de contabilidad hace que la entidad carezca de mecanismos de control. Además, en las áreas de pagos y controles hay riesgo significativo por la falta de un protocolo que garantice la identificación segura de los terceros relacionados con la entidad y sus cuentas bancarias, lo que podría provocar robos y fraudes. En el mismo informe, desvelado por este diario, también se advertía del descontrol en la política de personal y en la de contratación, con fraccionamiento y contratos de directivos sin proceso de selección público.