Imputado uno de los asesores de la vicepresidenta de la Diputación

El caso es el mismo en el que también aparece como investigado el actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, concejal del consistorio castellonense en el momento de producirse los hechos. Torres, ahora asesor de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, también ejerció funciones de asesor en el Ayuntamiento de Castellón en el momento en el que, según la denuncia presentada por el PP, el grupo de Compromís en el consistorio habría remitido propaganda electoral de su partido en un envío de cartas a los vecinos de la localidad remitido desde el Ayuntamiento.

La titular del juzgado de instrucción número 2 solicita la declaración de Torres después de que lo haya solicitado el PP de Castellón. Los populares consideran al exasesor municipal como una pieza clave para aclarar qué es exactamente lo que ocurrió en 2014 con eses envío de cartas. Torres está citado para declarar el 17 de junio, circunstancia que confirma que la resolución de esta investigación no se producirá en ningún caso antes de las elecciones municipales del 26 de mayo.

También están citados a declarar tanto Nomdedéu como la concejal del Ayuntamiento de Castellón Ali Brancal. Ambos coincidirán con el querellante, el concejal popular Juanjo Pérez Macián, para asistir a la apertura de los sobres que demostrarán si, como consta en la denuncia, se utilizaron medios públicos para remitir publicidad electoral de un partido político. Inicialmente esa comparecencia debía producirse la próxima semana, en concreto el 11 de abril, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral de las generales y autonómicas. Pero el juzgado comunicó ayer que, a petición del PP, esa apertura de sobres queda aplazada hasta el 2 de mayo.

La Audiencia Provincial de Castellón desestimó la semana pasada los recursos presentados por Nomdedéu y Brancal y que solicitaba la nulidad del caso. Los dos cargos de Compromís consideraban que esos sobres podrían haber sido manipulados después de estar más de cuatro años en manos del PP. La formación nacionalista ha venido sosteniendo que el caso obedece a una estrategia política impulsada por el PP de Castellón.