El ideólogo financiero del caso Azud, incapaz de pagar su comunidad de vecinos
La decisión del juez de transferir todo el dinero y las propiedades de los investigados a un organismo de Justicia provoca una avalancha de recursos
La decisión del juez que instruye ahora Azud de derivar todos los bienes y el dinero bloqueado por la investigación a la Oficina de ... Recuperación y Gestión de Activos (Orga) ha deparado una avalancha de recursos. LAS PROVINCIAS ha tenido conocimiento de al menos tres escritos donde se señala la improcedencia de la medida.
Uno de los investigados, Joaquín Rico, explica al juez su lamentable condición económica que le impide abonar las derramas por gastos extraordinarios en su comunidad de vecinos. Se trata de la rehabilitación de la fachada, una actuación que suele causar un buen agujero en las economías domésticas. Una situación que le ha hecho acumular una importante deuda.
De hecho, recuerda que ya pidió al magistrado desbloquear las cuentas para este gasto. Sin embargo, no solo no le contestaron sino que la respuesta ha sido ese traslado de las propiedades y bienes. Urge una respuesta porque la comunidad de vecinos ha amenazado con demandar a este inquilino.
Rico era uno de los colaboradores de Febrer que supuestamente se dedicaba a la 'generación' de dinero en efectivo para el presunto pago de las mordidas a dirigentes políticos.
La cantidad transferida, según el auto, ronda los cinco millones de euros, cantidad a la que hay que sumar el valor de las diferentes propiedades por lo que la cifra se multiplica. Solo el chalé de José María Corbín, excuñado de Rita Barberá, está valorado en varios millones de euros.
Otra de las empresarias afectadas por el bloque inicial de las cuentas es Mónica Montoro, la empresaria que se vio salpicada por la denominada operación colegios. Más de dos millones de euros quedaron congelados a la espera de aclararse las diligencias. Ese dinero, según su letrado, no procede de ninguno de los negocios que se están investigando. Es más, ese dinero se depositó en cuentas que se abrieron diez años después del citado negocio urbanístico.
Otro empresario imputado sostiene que su céntrica vivienda fue comprada en 1998, diez años antes de los hechos investigados
La caja de seguridad, otro de los bienes bloqueados, solo tenía el objetivo de que sus hijos pudieran acceder a 2.000 euros ante una situación de emergencias como, por ejemplo, el apagón que recientemente afectó también a los bancos. En el mismo sentido, reclama la devolución de las joyas, de alto valor económico, pero también sentimental porque la colección es un recuerdo de familia.
La Orga consiste en un departamento que fue creado en 2015 precisamente para colaborar con las autoridades judiciales en la gestión de patrimonios decomisados. Rafael Ferrando, otro de los empresarios, también ha protestado ante la decisión del instructor. En su caso, las quejas se centran en el decomiso de una vivienda en pleno centro de valencia. Pero se trata de un inmueble que fue adquirido en 1998, años antes de que se produjeran los hechos que han motivado esta investigación. Pero, además, se encuentra en régimen de bienes gananciales con su mujer, que no está investigada en este procedimiento.
De momento, ninguno de los cabecillas de la trama en su parte empresarial, Jaime Febrer, ni de la rama política, José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y Rafa Rubio, ex subdelegado del Gobierno, han presentado recurso. Pero lo más probable es que lo hagan. Grau tiene bloqueados cuentas e inmuebles en Valencia, mientras Rubio mantiene trabada una importante cantidad de efectivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
