El Gobierno trató de negociar con los Franco para agilizar la exhumación

Interior de la Basílica del Valle de los Caídos./EFE
Interior de la Basílica del Valle de los Caídos. / EFE

Quería pactar las condiciones para sacar al dictador del Valle de los Caídos, la familia lo ve «innegociable» y anticipa que recurrirán al Supremo

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha utilizado la figura del intermediario para intentar sacar adelante uno de los anuncios que viene coleando casi desde que tomó posesión tras la moción de censura: la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Consciente de que reloj juega en su contra, al ver cómo se aproximan las elecciones sin que haya podido materializar esta promesa, el Gobierno ha intentado negociar directamente con la familia del dictador las condiciones para sacar los restos cuanto antes.

Lo ha hecho esta misma semana a través de un enviado que se ha puesto en contacto con los nietos de Franco para consensuar los términos de la exhumación, al ofrecerles la posibilidad de que, una vez realizada, los restos de Franco se podrían inhumar en la cripta del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde tienen un panteón.

Para los Franco, esta propuesta es «lo de siempre», según ha aclarado el portavoz, quien ha rechazado la oferta porque la mera intervención de los operarios en la Basílica del Valle de los Caídos es «innegociable». Es la postura que mantienen desde que el Gobierno anunciara su intención de que Franco no estuviera enterrado en ese lugar.

Los nietos del dictador rechazaron la oferta del Ejecutivo porque alegan que es «lo de siempre»

De hecho, los descendientes del dictador recordaron al intermediario del Ejecutivo su intención de recurrir al Tribunal Supremo esta decisión. Por ahora, un juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el municipio donde se encuentra enclavado el Valle de los Caídos, ha suspendido de forma provisional la licencia urbanística para realizar la exhumación. Al mismo tiempo, los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid están tramitando hasta 17 procedimientos en los que se demanda la suspensión cautelar de la licencia administrativa para realizarla.

La judicialización de esta medida implicará, previsiblemente, que Franco siga enterrado en la Basílica cuando llegue el 28 de abril, el día de las elecciones generales. El Ejecutivo socialista ha intentado anticipar la exhumación con la puesta en marcha de los diferentes mecanismos legales, a través del decreto-ley y los acuerdos legales correspondientes, pero la negativa familiar ha puesto a los jueces en medio de esta operación.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reprochaba este viernes tras el Consejo de Ministros la «obstaculización constante» de la familia en todo el proceso. Fuentes del Ejecutivo reiteran que su propósito es «dar todas las garantías a las partes, respetando como no puede ser de otro modo todos los plazos administrativos y judiciales que procedan en cada momento».

Y recuerdan que la exhumación de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos «es una decisión acordada por mayoría en el Congreso y emprendida por este Gobierno, en cumplimiento de dicho acuerdo y de la Ley de Memoria Histórica», en vigor desde hace más de una década.

Ocho meses de espera

La intención de Pedro Sánchez de sacar a Franco del Valle de los Caídos se dejó caer pocos días después de que tomara el cargo de presidente. A finales de junio, lo anunció de forma indirecta cuando respondió con un «os pillará trabajando» a los periodistas que le preguntaron por esa posibilidad. Todas las miradas se dirigían entonces al mes de julio, antes del éxodo vacacional.

No fue hasta el 31 de agosto cuando el Consejo de Ministros validó el acuerdo por el que se iniciaba el procedimiento administrativo. Un mes y medio después, el Gobierno aprobó el real decreto. Planeó la posibilidad de que Franco no estuviera enterrado allí antes de final de año. Sin embargo, el pasado 15 de febrero fue la fecha elegida para acordar la exhumación definitiva. Entonces daba un plazo de 15 días a la familia para que señalasen un lugar de reinhumación, siempre que permitiese «garantizar el orden público y la seguridad». Los Franco pensaron enterrar al dictador en la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid. Pero el Gobierno se niega.

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