El Gobierno impugna los presupuestos del Botánico por exceso de gasto

El conseller de Hacienda, Vicent Soler en la Diputación permanente de Les Corts. / Damián Torres
El conseller de Hacienda, Vicent Soler en la Diputación permanente de Les Corts. / Damián Torres

Cuestiona el contenido de cuatro apartados y advierte de que acudirá al Constitucional si no se modifica su redacción

J. C. Ferriol
J. C. FERRIOLValencia

El 'fuego amigo' complicó ayer las expectativas electorales de los socios del Botánico. El Gobierno que preside Pedro Sánchez, a instancias del ministerio de Hacienda, se ha dirigido al Ejecutivo valenciano al entender que cuatro apartados de la ley de presupuestos de la Generalitat de 2019 podrían resultar inconstitucionales. Tres de los cuatro apartados que se ponen en cuestión tienen que ver con incrementos de gasto, o la posibilidad de llevarlos a cabo, que el Gobierno central considera que no se ajustan a la ley. Los dos Ejecutivos iniciarán ahora un proceso de negociación que, en el caso de no prosperar, podría acabar con la ley de presupuestos recurrida ante el TC. La decisión, a cuatro días de las elecciones autonómicas, pone en cuestión la sensibilidad del Ejecutivo central con el departamento que dirige Vicent Soler, máximo responsable de la elaboración de las cuentas autonómicas.

Reacciones

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) reveló este miércoles la discrepancia entre las dos administraciones. En concreto, al informar de que Gobierno y Consell habían acordado «iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con el artículo 34 y las disposiciones adicionales décima primera, vigésima sexta y trigésima séptima» de la ley de Presupuestos para 2019.

El primero de los artículos cuestionado afecta el régimen retributivo del personal laboral de la administración autonómica. El apartado viene a dar pie a incrementos salariales del personal laboral por encima de los que autoriza la norma básica si se financian con subvenciones externas. Para el Ejecutivo central, esta posibilidad «se apartaría de la norma básica sobre incrementos máximos de la masa salarial» que fijan un incremento máximo global con carácter general y en términos de homogeneidad, sin considerar el origen de la financiación. Por tanto, «el hecho de contar con financiación externa se entiende que no permite subidas de masa salarial por encima de las generales», entiende Madrid.

El Gobierno también cuestiona la disposición adicional vigésima sexta del presupuesto, que mantiene, durante 2019, el proceso de implantación progresiva del complemento de carrera profesional del personal funcionario y laboral fijo de administración y servicios de las universidades públicas iniciado en 2017. El ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Meritxell Batet, remarca que se fija un importe del 100 por ciento -en 2018 el porcentaje se estableció en el 66%- y advierte de que ese «deslizamiento retributivo» sólo podría considerarse ajustado a la normativa básica «si su importe global puede financiarse con cargo a los límites de incremento retributivo establecidos» en el decreto ley que advierte de que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018.

El tercer apartado referido al gasto y que cuestiona la administración central es el de la disposición adicional trigésima séptima, «que modifica los complementos específicos de los puestos de trabajo del cuerpo de médicos forenses adscritos a los institutos de medicina legal» de Alicante, Castellón y Valencia». El Gobierno avisa de que esos aumentos retributivos tampoco pueden superar el 2,25% que fija el decreto sobre retribuciones en el sector público.

El cuarto apartado cuestionado no afecta a un posible exceso de gasto, sino a que la Generalitat podrá «autorizar la modificación de todos aquellos contratos en vigor que incluyan cláusulas de precio aplazado, con el fin de que el aplazamiento previsto pueda ser objeto de prórroga». El Gobierno central recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público «prohibe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones públicas».

El Ejecutivo central también plantea discrepancias en torno a la ley de acompañamiento. En concreto, sobre los artículos 40 (que aborda aspectos de la ley de coordinación de policías locales), 69 (ley de caza) y 70 (ley de tasas), así como la disposición adicional quinta (sobre el plan de salud bucodental y los complementos específicos de odontólogos), informa Europa Press.

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