El Gobierno niega que haya querido hacer un guiño al independentismo

Pedro Sánchez. /AFP
Pedro Sánchez. / AFP

La ministra de Justicia argumenta que la Abogacía solo ha seguido criterios jurídicos y técnicos, y asegura que no ha habido imposición

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

El Gobierno se afanó hoy en negar que la decisión de la Abogacía del Estado de acusar únicamente de sedición y malversación a los encausados en el juicio del 'procés' sea un gesto hacia el independentismo de cara a la negociación de los Presupuestos. En una rueda de prensa conjunta tras la reunión del Consejo de Ministros, tanto la vicepresidenta, Carmen Calvo, como la ministra de Justicia, Dolores Delgado, alegaron que el escrito presentado por los servicios jurídicos del Estado ante el Tribunal Supremo está sustentado en criterios «técnicos» y que no implican rectificación o suavización alguna.

La número dos del Ejecutivo ya trató de preparar el terreno a este argumento la semana pasada en previsión de las críticas de la oposición al escenario que finalmente se ha producido, el de que, a diferencia de la Fiscalía del Estado, la Abogacía no acusara de rebelión, delito castigado con penas de cárcel que van de los quince a los treinta años. Entonces, como ahora, Calvo argumentó que en ningún caso se podría hablar de cambio de criterio porque la Abogacía nunca había acusado de nada (aunque se personara en la causa instruída por el juez Pablo Llarena por malversación).

En agosto, no obstante, el órgano de defensa de la Administración sí mostró su conformidad con el auto de conclusión del sumario del juez instructor «e interesó apertura de juicio oral por la presunta comisión de delitos de rebelión de los artículos 472 y concordantes del Código Penal, delitos de desobediencia del artículo 410 y delitos de malversación de caudales públicos». Aquel escrito estaba firmado por la abogada del Estado Lucía Pedreño. El actual lleva la firma de la directora del departamento, Consuelo Castro, y no del responsable penal, que es el repersentante en la causa. La ministra de Justicia negó que ese hecho se deba a discrepancias o imposiciones y aseguró que está relacionado con lo «extremadamente relevante» de la causa.

En su empeño por despojar la decisión de motivación política y desvincularla de la estrategia de apaciguamiento de la Generalitat puesta en marcha por Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa, Calvo llegó a sostener que tampoco ha habido un cambio de posición del propio jefe del Ejecutivo porque éste nunca dijo que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de consejeros imputados hubieran incurrido en un delito de rebelión.

Respeto institucional

La semana pasada, volvió a circular hasta hacerse viral una entrevista de Sánchez en Antena 3, el pasado mayo, en la que Sánchez aseguraba que «clarísimamente» sí había habido rebelión. La difundieron el PP y Ciudadano después de que el presidente del Gobierno aplaudiera en el Congreso la afirmación del portavoz del PNV, Aitor Esteban, de que hablar de ese delito es una «frivolidad» y de que apelara a una enmienda de Federico Trillo en 1994 que ligaba su definición a un levantamiento militar. Sólo un día después, la misma Calvo cuestionó también en Onda Cero que pueda considerarse que lo que cometieron los líderes del proceso secesionista fuera rebelión e incluso apeló a la decisión del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que denegó la extradición de Carles Puigdemont, para argumentar que ese «delito máximo» sólo se produce cuando se ha hecho uso de «las armas».

La vicepresidenta, sin embargo, reescribió hoy todo lo anterior. «El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña porque no compete al Gobierno pronunciarse sobre, nada más y nada menos, que calificación de delitos en un proceso que ya está en marcha», dijo primero. Después, cuando se le recordaron las palabras de Sánchez, adujo que en mayo el líder socialista no era aún presidente. «Es que nosotros somos Gobierno ahora, respondemos de la posición del Gobierno, que entienda que es la que es, institucional y constitucionalmente hablando, en un proceso de la complejidad como el que hay abierto», dijo.

Lo que tanto el jefe del Ejecutivo como la propia Calvo defendieron la semana pasada cayó mal en el Tribunal Supremo, donde se entendió como una presión.

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