La Generalitat rechaza acudir al Supremo y pagará los 100.000 euros a la exgerente de FGV

La cantidad, nada despreciable, es la mayor indemnización conseguida hasta la fecha por un asunto de esta naturaleza. En otro caso, también relacionado con un dirigente señalado por el accidente de metro, se pagaron 10.000 euros.

La Abogacía de la Generalitat se opuso en su momento al pago de cualquier tipo de compensación económica a la que había sido alto cargo del Gobierno valenciano. Los servicios jurídicos argumentaban que la demanda se había presentado fuera de plazo porque habían transcurrido más de cuatro años entre la reclamación y las conclusiones de la comisión. De igual modo, añadían que la cifra solicitada, de entrada 290.000 euros, era desproporcionada.

Ahora, tras la sentencia del alto tribunal donde reconoce los daños físicos y morales causados a la demandante, el criterio ha cambiado. Los abogados de la Generalitat mantienen que el fallo está suficientemente motivado y no creen posible que el Tribunal Supremo revoque el caso. Además, no existe interés casacional porque ya hay otro pronunciamiento similar respecto a un compañero de Gracia.

La Abogacía ha remitido un escrito a la Conselleria de Infraestructuras en el que explica el criterio y la recomendación de que no se presente el recurso. Estas indicaciones se suelen respetar, aunque ha habido algún caso como el de la absolución de José Manuel Jaraba en RTVV que finalmente se desoyó el informe.

La sentencia del TSJ será la primera buena noticia que reciba Marisa Gracia tras más de una década envuelta en asuntos judiciales, entre ellos el accidente de metro de Valencia. Queda, no obstante, conocer la posición de Les Corts, otra de las entidades demandadas, aunque la cantidad partirá de los Presupuesto de la Generalitat.

El PSPV no está nada de acuerdo con la sentencia del TSJ porque considera que limita la labor de los diputados. La diputada socialista María José Salvador ofreció la visión de su organización: «Es un precedente peligroso porque se limita las funciones de los parlamentos, que depuran responsabilidades de carácter político. Hemos presentado un escrito a Les Corts para que se eleve a la Mesa en la línea de las alegaciones que presentaron los servicios jurídicos del parlamento en ese proceso judicial».

La iniciativa parlamentaria concluirá, salvo sorpresa, en fracaso. El PP tiene mayoría en la Mesa en el caso de que finalmente se llegara a votar. Algo también poco probable. No tendría ningún sentido que Les Corts actuara de manera diferente a la Generalitat cuando están controladas por los mismos grupos.