La Generalitat paraliza la contratación de un servicio de abogados en À Punt

El director de la Corporación, Enrique Soriano. / efe
El director de la Corporación, Enrique Soriano. / efe

El ente público retira el concurso dos días después de licitarlo al saltarse la obligación de contar con el informe favorable de la Abogacía

HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA.

En À Punt las cuestiones importantes no terminan de hilarse con finura. La semana pasada, concretamente el lunes 6 de mayo, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicación sacó a licitación un concurso para contratar un servicio de asesoría jurídica. Un acuerdo para dos años por el que estaba dispuesto a pagar 90.000 euros -108.000 euros con impuestos- en cada uno de los ejercicios. La memoria incluía la necesidad de este servicio en cuestiones como mercantil, civil, laboral, penal, protección de datos, administrativo y audiovisual.

Este periódico publicó la licitación del concurso y justo al día siguiente el presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Enrique Soriano, firmó la resolución de desestimiento del procedimiento de adjudicación. El motivo de la retirada del pliego es que el concurso necesitaba de un informe favorable previo de la Abogacía de la Generalitat. Soriano, además de desistir, pide en su escrito que se proceda a cancelar el crédito dispuesto para la contratación del servicio de asesoría externa y no añade nada de si se pondrá en marcha un nuevo proceso.

La actuación de la Corporació eludió el artículo 4 de la ley 10/2005 de 9 de diciembre de Asistencia Jurídica de la Generalitat, que señala que todos los contratos a celebrar por la administración valenciana y por las entidades de derecho público con despachos de abogados externos «requerirán informe favorable de la persona titular de la Abogacía de la Generalitat».

El paso que debía haber dado el ente que preside Enrique Soriano es haberse dirigido a la Abogacía y justificar la necesidad del concurso con la preceptiva memoria justificativa. Una petición que tendría que haber sido analizada por el cuerpo de letrados de la administración autonómica para dar luz verde a la petición de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Un paso obligado que no se dio. Como señala la ley, la ausencia de este informe favorable previo «determinará la nulidad de pleno derecho del acto de adjudicación del contrato, pudiéndose repetir -en función de la ley de Régimen Jurídico del Sector Público-, contra la autoridad o funcionario que hubiese adjudicado el contrato las posibles indemnizaciones que pudieran abonarse como consecuencia de la nulidad del contrato».

El hecho de que se haya desistido en el proceso de adjudicación a liberado de posibles consecuencias económicas a los responsables del concurso, en el caso de que hubieran seguido con el proceso para adjudicar la contratación del servicio de asesoría externa. Además, el contratista debía exigir al ente la autorización por parte de la Abogacía de la Generalitat y en el caso de que no existiera estaría exento de la obligación de suscribir el contrato.

La Abogacía tiene encomendada por ley la representación y defensa en juicio de la Generalitat y de las entidades de derecho público. Además, también le corresponde la función de asesoramiento en Derecho del Consell y de los distintos departamentos que componen la administración autonómica. En el informe de necesidad que sustentaba la licitación, el ente defiende que es un servicio público esencial y por ello la Corporació necesita dotarse de todo lo necesario para garantizar un correcto funcionamiento. Este informe de necesidad está firmado por el técnico jurídico Carlos Urrea, que defiende la contratación de un despacho multidisciplinar para prestar la asistencia jurídica, emisión de informes y realización de contratos. El único campo vetado al despacho externo era la asistencia en juicio, que quedaba en manos de la Abogacía.