Gaspar opta por la sobriedad

Toni Gaspar, el día de la renuncia de Jorge Rodríguez. / juan j. monzó
Toni Gaspar, el día de la renuncia de Jorge Rodríguez. / juan j. monzó

La cercanía de la operación policial que forzó la caída de Jorge Rodríguez lleva a la Diputación a limitar el acto institucional Prescinde de la recepción posterior al pleno que el martes le elige presidente

JC. FERRIOL MOYA VALENCIA.

El pleno extraordinario de la Diputación de Valencia elegirá el próximo martes a Toni Gaspar como nuevo presidente de la corporación provincial. Tras la renuncia de Jorge Rodríguez -investigado por malversación y prevaricación en el marco de la Operación Alquería-, la institución celebrará un pleno para dar luz verde a la toma de posesión de Rebeca Torró como nueva diputada provincial -en sustitución del exalcalde de Ontinyent- y para proceder a la elección del nuevo presidente.

Gaspar y la portavoz del PP en la corporación provincial, Mª Carmen Contelles presentarán su candidatura, aunque es el alcalde de Faura el que dispone de los apoyos de los cuatro partidos del equipo de gobierno: PSPV, Compromís, EU y València en Comú.

La elección del nuevo responsable de la corporación provincial seguirá el protocolo que especifica la norma que define la toma de posesión de todos los presidentes de la corporación provincial -artículo 207 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General- y votación individual y secreta, mediante urna. El secretario de la institución provincial leerá los resultados y la presidenta en funciones proclamará al nuevo presidente que, a continuación, tomará posesión de la vara de mando, se sentará en la presidencia y dará un turno de palabra a los portavoces de todos los grupos, para cerrar él mismo el pleno con su intervención.

Los diputados elegirán nuevo presidente mediante votación individual y secreta

Un pleno extraordinario, con el engalanamiento propio de este tipo de citas: Mazeros junto a la presidencia, asistencia de autoridades, alcaldes invitados... y con una única excepción. Gaspar ha comunicado al servicio de protocolo de la institución provincial que no habrá vino de honor ni recepción institucional posterior a la celebración del pleno.

El dirigente socialista quiere trasladar la máxima imagen de sobriedad posible, en un momento en el que la institución cambia a su máximo responsable -y ese hecho merece ser rodeado del boato correspondiente-, pero quiere huir de excesos de ostentación o suntuosidad que probablemente no serían entendidos. «No hay nada que celebrar», admite una fuente del PSPV en alusión a los acontecimientos que derivaron en la detención del anterior presidente de la institución. Una circunstancia que contrasta con la valoración que hizo ayer el entorno de Rodríguez, que a través de una agencia de noticias quiso poner en valor el «legado» que deja Rodríguez en la corporación provincial.

La Diputación comienza el martes a pasar página de una etapa, la de la presidencia de Jorge Rodríguez, que arrancó con la intención de poner distancia con la corrupción -tras la presidencia de Alfonso Rus y la mancha que dejó el caso Imelsa- y que acabó igual de salpicada por ésta, con una operación policial que acabó en la detención de la cúpula de la corporación provincial, con Rodríguez y su equipo de colaboradores más cercano, una noche en el calabozo y su posterior puesta en libertad con cargos, investigados por delitos de prevaricación y malversación.

La salida de Rodríquez, que inicialmente trató de hacerse fuerte en la corporación provincial -no presentó su renuncia hasta seis días después de las detenciones y registros en la Diputación, en Divalterra, en el Ayuntamiento de Ontinyent y en los domicilios de algunos de los investigados- y que tras varias conversaciones con Ximo Puig acabó renunciando tanto a la institución provincial como a la alcaldía de Ontinyent, y las filtraciones que se han venido realizando desde su entorno durante los días posteriores han contribuido a que el ambiente en la institución provincial se mantenga enrarecido.

La semana pasada se celebró el pleno para la tramitación de la renuncia de Jorge Rodríguez. La presidenta en funciones, María Josep Amigó, arrancó la semana anunciando el «cierre ordenado» de Divalterra, la empresa de la corporación provincial heredera de la vieja Imelsa. El anuncio se entendió como la exigencia de EU y València en Comú para votar a Gaspar como nuevo presidente de la corporación provincial. Sin embargo, en el consejo de administración de la firma celebrado el pasado jueves se adoptaron algunos acuerdos -como la elaboración de auditorías o la sustitución de servidores- que hacen pensar que en ningún caso el proceso de extinción de la empresa provincial será rápido.

Con la elección el martes de Gaspar como nuevo presidente, la Diputación de Valencia trata de recuperar la senda de la normalidad. El martes día 24 se celebrará el pleno ordinario correspondiente al mes de julio. Para ese mismo día está prevista también la celebración de la junta general de Divalterra, la empresa pública que ha acabado arruinando la carrera política de Rodríguez.

La última junta general de la empresa de la corporación provincial, celebrada a principios del pasado mes de mayo, derivó en un enfrentamiento entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición en relación con la situación judicial de la diputada de EU Rosa Pérez. Entre los asuntos que no se llegaron a abordar en aquella reunión figura el convenio suscrito entre Divalterra y la FVMP para la puesta en marcha de la Fundación Cical.

 

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