Galiana defiende la legalidad de sus contratos y ve «mala fe» en la denuncia

Carlos Galiana a su llegada a la Ciudad de la Justicia./Damián Torres
Carlos Galiana a su llegada a la Ciudad de la Justicia. / Damián Torres

EFE

El concejal de Comercio y Relaciones con los Medios del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana, ha defendido hoy la legalidad de los contratos realizados desde los departamentos que dirige y ha denunciado la «mala fe» que a su juicio subyace en la denuncia contra él realizada por un asesor del PP por un supuesto fraccionamiento de contratos.

Galiana ha acudido hoy a declarar en calidad de investigado al Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia por el supuesto fraccionamiento de contratos para la prestación de un Plan de Comunicación de Redes Sociales y gestión de la web del departamento.

Tras declarar, el concejal ha asegurado que tiene «impresiones positivas», que se le han adjudicado erróneamente contratos que «ni siquiera ha firmado», al tiempo que ha defendido la legalidad de sus actuaciones, supervisadas según ha insistido por el secretario municipal.

«Alguno de los contratos que se me adjudican ni siquiera han sido firmados por mí, ya que me encontraba de vacaciones. Veo mucha mala fe en esta denuncia, que ya fue presentada por -la concejala del PP- Beatriz Simón en la Comisión de Hacienda y posteriormente retirada«, ha agregado Galiana, quien confía en que »se archive pronto«.

La denuncia fue interpuesta por el asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia Luis Salom -investigado por un supuesto delito de blanqueo de capitales junto a decenas de ediles y asesores del grupo municipal- por entender que Galiana podrían haber adjudicado cuatro contratos sin concurso público por un total de 113.377 euros.

La denuncia refiere que, además del contrato general de redes sociales de Ayuntamiento, el servicio de Comercio y Abastecimiento contrató a una periodista en los años 2016 y 2017 «para la prestación del servicio de plan de comunicación de redes sociales y gestión de la web de la Concejalía de Comercio, encadenando ambos contratos menores con el mismo servicio prestado que suponen 23.080 euros (27.926,89 con IVA) sin haber realizado un procedimiento abierto».

Estos dos contratos, según la denuncia de Salom, «supondrían un fraccionamiento de contratos al superar los 18.000 euros del contrato menor al mismo proveedor y objeto».

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