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Fuset se escuda en los técnicos para justificar la autorización de la grada de Viveros

Fuset se escuda en los técnicos para justificar la autorización de la grada de Viveros

El edil ha defendido la actuación del Ayuntamiento pese a que fue multado por la Inspección de Trabajo con más de 40.000 euros

alberto rallo

Lunes, 28 de enero 2019, 15:13

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El concejal Pere Fuset ha comparecido ante el juez de Instrucción 18 de Valencia por el accidente laboral que terminó con la vida de un empleado durante el montaje de las gradas de los conciertos de la Feria de Julio de 2017, celebrados en Viveros. El edil de Cultura Festiva ha defendido la actuación del Consistorio pese a que el Ayuntamiento fue multado por la Inspección de Trabajo con más de 40.000 euros por las irregularidades en materia de prevención. De igual modo, las empresas instaladoras de las gradas, dos mercantiles de Madrid, también fueron sancionadas por el mismo organismo. No obstante, la fiscalía nunca ha apreciado indicios de delito en la actuación del concejal. De hecho, la citación como investigado del edil se produjo a petición de la acusación particular, que defiende los intereses de los familiares de la víctima.

Fuset, en declaraciones a los medios de comunicación, ha manifestado sentirse «mucho más tranquilo» tras las dos horas de declaración que ha prestado en sede judicial. El edil no ha querido comentar más detalles acerca del interrogatorio antes de abandonar la Ciudad de la Justicia. Fuentes conocedoras del contenido de su testimonio han explicado que el edil se ha escudado en los técnicos municipales a la hora de justificar la autorización del montaje de la grada. El responsable ha señalado que él firmaba lo que le pasaban y se ha desligado de cualquier responsabilidad en el accidente.

No es el único problema judicial que mantiene al edil investigado. La colocación de una pasarela para peatones durante las Fallas y un posible fraccionamiento de contratos en la feria de Expojove son otros asuntos que amenazan su presunción de inocencia. Este último, el supuesto fraccionamiento, se investiga en secreto desde hace meses, justo después de que la juez de Instrucción 2 encargara a la policía un informe sobre los beneficiarios de esas adjudicaciones y la relación que pudieran mantener con el grupo político Compromís. De momento, no se conocen más detalles acerca de estas averiguaciones.

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